Beatriz Corredor, ha explicado que para la oferta pública de compra de suelo su departamento destinará un presupuesto inicial de 300 millones de euros.
En un receso de la reunión del Consejo del Plan Estatal de Vivienda (PEV) , la ministra de Vivienda ha puntualizado que las parcelas deberán estar situadas en municipios de más de 20.000 habitantes, con prioridad a las zonas próximas a núcleos urbanos y a las zonas degradadas y cada una deberá tener una superficie que permita la construcción del al menos 300 viviendas. En Ceuta y Melilla el mínimo será de 150.
Aunque son las comunidades autónomas las que deciden las superficies, el borrador señala que, en caso de que no lo hagan, la mínima debería ser de 30 metros cuadrados para una vivienda de dos personas. En cuanto a la superficie máxima, el texto recomienda que se limite a 90 metros cuadrados, y no prevé que sea mayor para supuestos como el de familia numerosa.
El nuevo plan pretende, como ya adelantó Corredor que la concesión de VPO en alquiler y venta tenga un mayor control por parte de la Administración Pública para evitar fraudes en las adjudicaciones. Entre las novedades del texto también está la ampliación de los colectivos especialmente vulnerables que pueden acceder a ayudas para el alquiler o la adquisición de vivienda, con la inclusión de separados y divorciados.
El documento también detalla que tanto para compra como para alquiler o alquiler con opción a compra los beneficiados deberán tener una renta máxima de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.292,25 euros mensuales por hogar en el caso de viviendas protegidas de régimen especial.
No obstante, hasta 31 de diciembre de 2009 podrán adquirir viviendas protegidas las familias con ingresos que no excedan de 7 veces en IPREM, es decir, 50.600 euros.
El nuevo plan también resalta el interés específico de la rehabilitación de viviendas y la renovación de núcleos urbanos como uno de los pilares para poner viviendas dignas y asequibles en el mercado.
LA/EB
El precio de compra será el establecido para el suelo destinado a vivienda protegida, al que se descontarán todos los costes que sean necesarios para la transformación de los terrenos.
El Gobierno calcula que el suelo adquirido permitirá la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas, que serán promovidas por las administraciones públicas y el sector privado.
Asimismo, Corredor ha aclarado que sólo se comprarán terrenos urbanizables, que de media pueden tardar entre 2 y 4 años en ser aptos para la edificación, mientras que no se adquirirán solares ya urbanizados.