Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que forma parte del sumario del "caso Ibatur" de supuesta corrupción, cuyo secreto fue levantado ayer por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola.
En el documento se detallan los mecanismos que se usaban en el Ibatur -organismo que dependía de la Conselleria de Turismo- para desviar dinero público a manos privadas, tras analizar los expedientes de contratación con cinco entidades, tres de ellas vinculadas a otro caso de corrupción, el del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
El fiscal Pedro Horrach concluye que en algunos casos el Ibatur imponía "precios exagerados por servicios mínimos" y que, en otros, usaba procedimientos ilegales de contratación para no tener que sacar las adjudicaciones a concurso, consistentes en dividir los contratos en expedientes de hasta 12.000 euros.
Como ejemplo del primer mecanismo alude al pago citado a una entidad para traducir al chino tres conceptos: Govern balear, Illes Balears e Ibatur. En cuanto al segundo, cita la división en diez expedientes del pago de 96.090 euros para organizar un evento deportivo en Ibiza.
Además, "en un elevado número de ocasiones", indica el fiscal, el Ibatur abonó facturas por servicios inexistentes.
En el caso de los expedientes de contratación entre Ibatur y CDEIB -organismo dependiente en la legislatura pasada de la Conselleria de Comercio-, el fiscal apunta que "absolutamente todos" son "simulados" para dar apariencia de legalidad a decisiones ya tomadas con anterioridad.
"En todos los casos, primero se contrata el servicio de forma verbal y, posteriormente, se viste jurídicamente, es decir, se conforma el expediente una vez que se ha contratado el servicio. Incluso, en numerosas ocasiones ya se ha ejecutado y abonado el servicio cuando se procede a fabricar el expediente", apunta el fiscal.
La instrucción del "caso Ibatur" comenzó en febrero de 2009 y dio lugar el pasado 29 de junio a la operación policial denominada "Pasarela", dentro de la cual se han detenido por el momento a 16 personas, trece de ellas en los tres primeros días de su puesta en marcha.
Doce quedaron en libertad con o sin fianza, y además la Policía registró cinco empresas y una fundación en Mallorca y Madrid vinculadas con el Ibatur, entre ellas Over Marketing, relacionada con el "caso Gürtel".
Entre los detenidos estaban los directores del Ibatur la pasada legislatura, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, el ex secretario del organismo Miquel Àngel Bonet y el publicista Juan Velasco -de la agencia Clave-.
El primero es el único que está en prisión, y los otros tres se encuentran en libertad por esta causa bajo fianzas de 350.000, 100.000 y 250.000 euros, respectivamente.
En una segunda fase, iniciada ya en julio, fueron arrestados dos publicistas cuyas empresas trabajaron para el Ibatur: el dueño de Espiral, Guillem Deyà, quien quedó en libertad tras declarar ante el juez aunque bajo una fianza penal de 100.000 euros, y el administrador de la empresa Centro de Comunicación Creativa, B.M.,que quedó en libertad con cargos.
Finalmente, días más tarde se detuvo al dueño de la empresa de comunicación y espectáculos Trui, Miquel Jaume, a quien el juez impuso una fianza de 15.000 euros.