"Son tiempos complejos, complicados y difíciles", admitió hoy el director nacional de Trabajo, Luis Romero, viejo dirigente sindical, a la vista de la lista de sectores enfrentados con el Gobierno y también con las empresas.
El conflicto que más preocupa a las autoridades, según Romero, es el de los servicios sanitarios.
Es la situación "más delicada" porque "afecta la vida humana" especialmente de niños y mujeres, admitió.
Las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (SAQ) y la Federación Médica del Interior iniciarán este martes una huelga indefinida de actividades.
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que en principio también votó la paralización, decidió postergarla hasta el próximo viernes a la espera del resultado de negociaciones con el Gobierno.
Los médicos, al igual que los escribanos (notarios), que la pasada semana se manifestaron frente al Parlamento, rechazan parte de la reforma del sistema de salud según la cual a partir del 1 de enero de 2011 las denominadas cajas de auxilio deberán integrarse al oficial Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Por esa integración perderán algunos beneficios económicos y pagarán nuevos impuestos.
Para que los médicos accedan a suspender la huelga el Ejecutivo "debe anular o postergar la incorporación de las cajas de auxilio al Fonasa", dijo el directivo de la SAQ, Gustavo Malfato.
El director general del Ministerio de Salud Pública (MSP), Gilberto Ríos, indicó que el Gobierno evalúa la posibilidad de decretar "servicio esencial" la atención sanitaria, lo que impediría la huelga, o incluso presentar denuncias penales contra los médicos por eventual omisión de asistencia.
Los sindicatos médicos anunciaron que los servicios de urgencia y los pacientes ingresados y con enfermedades oncológicas serán atendidos con guardias especiales; sin embargo, las operaciones que no sean urgentes deberán reprogramarse por la falta de anestesistas.
Otro conflicto que preocupa a las autoridades por sus eventuales impactos en la salud es el de los recolectores de basura de Montevideo, donde reside la mitad de los 3,3 millones de Uruguay.
Los trabajadores de una empresa privada encargada de la recolección en el centro de la capital están en conflicto para reclamar mejores salarios y la basura se acumula en las calles.
La situación amenaza con agravarse debido a que los funcionarios públicos encargados de la misma tarea en la Intendencia (Alcaldía) de Montevideo comenzaron hoy con paros diarios, también en reclamo de mejores retribuciones.
Por otra parte, en la influyente Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) las medidas de lucha se iniciaron la semana anterior, afectaron a la actividad en la plaza financiera y amenazan con profundizarse.
Los funcionarios del estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), el más grande del país, reclaman por pagos acordes con el cargo ejercido, rechazan traslados aprobados por la dirección y exigen el reconocimiento de antigüedad para unos 400 trabajadores de bancos quebrados e incorporados al oficial años atrás.
Además, los controladores aéreos iniciaron este lunes huelgas de tres horas diarias, con retraso de los vuelos, como forma de reclamar a las autoridades la aprobación de un estatuto de gestión y mejores salarios, informó el presidente del sindicato que los agrupa, Enrique Morelli.
Según Romero, la razón de la conflictividad laboral se debe a que "como pocas veces" coinciden actualmente el debate parlamentario del presupuesto de la administración Mujica (2005-2010), la negociación en los consejos de salarios entre empresarios y trabajadores, y la reforma del Estado que impulsa el Gobierno.
Mujica, un ex guerrillero de 75 años que forma parte del bloque de partidos Frente Amplio, encabeza desde el 1 de marzo pasado el segundo Gobierno de izquierdas de la historia uruguaya y además consecutivo.
Hace diez días, poco después de imponer por decreto a los funcionarios públicos una jornada laboral mínima de seis horas, el mandatario afirmó que el "problema" de Uruguay es que "no te dejan hacer nada", en alusión al rechazo de su plan de reforma estatal y a la acumulación de conflictos laborales.