En concreto, el texto ha recibido un total de 12 votos a favor (PSOE, Entesa y Grupo Mixto), 12 votos en contra (PP) y 2 abstenciones (CiU y PNV). Este empate técnico ha obligado a recurrir al sistema de voto ponderado, que tiene en cuenta el número de senadores con el que cuenta cada grupo en el Hemiciclo.
Así, el PSOE, que suma un total de 105 senadores en el Pleno, pudo contar con los 16 senadores de la Entesa y los 8 del Grupo Mixto, lo que arroja un total de 129 votos a favor de la reforma laboral, frente a los 123 senadores que suma el Partido Popular.
CiU (siete senadores en el Hemiciclo) y PNV (cuatro) volvieron abstenerse en la votación, como ya ocurrió el pasado mes de julio en el Congreso.
La reforma vuelve al Parlamento
La aprobación del texto en la Comisión del Senado permite que la reforma siga su proceso parlamentario y regrese el próximo día 9 a la Cámara Baja para afrontar su último examen y ser aprobada de forma definitiva.
Antes de que eso ocurra, el Congreso deberá decidir si mantiene o no los cambios introducidos en el Senado, entre los que destaca la reducción de 100 a 30 días del 'periodo de gracia' del que disponen los parados para rechazar cursos de formación sin ser penalizados.
Para sacar adelante esta enmienda, el PSOE contó con el apoyo de todos los grupos, aunque tuvo que matizar una frase a petición del Partido Popular. Con esta frase se limitan los cursos de formación y los itinerarios a las actividades que se correspondan con la profesión habitual de los desempleados o con sus aptitudes formativas, según lo determinado en el itinerario de inserción.
El PSOE consiguió también el apoyo de todos los grupos para incluir una disposición adicional por la que el Gobierno se compromete a revisar la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en centros especiales de empleo y a estudiar medidas oportunas para mejorar la empleabilidad de las personas con capacidad intelectual límite.
También contó con el apoyo de todos los grupos para sacar adelante una enmienda que garantiza que las empresas que se acogen a bonificaciones por la contratación indefinida cuenten con dos meses en lugar de uno para cubrir las extinciones de puestos de trabajo que no se consideren despidos procedentes, dimisiones, muertes, jubilaciones, incapacidades o durante el periodo de prueba.
Por otro lado, el PSOE consiguió sacar adelante las otras cuatro enmiendas transaccionales que presentó ayer durante la Ponencia y todas las que había presentado en la Cámara Baja. De la misma forma, pactó con CiU la aprobación de sus enmiendas de carácter más técnico.
PNV y BNG
De hecho, el partido socialista sólo ha tenido que asumir cuatro enmiendas no pactadas, tres del PNV y una del BNG, que han contado con el apoyo del Partido Popular para salir adelante. La enmienda del BNG se refiere a la contratación a tiempo parcial y establece que la prestación por desempleo parcial se calcule por horas y no por días y que sea equivalente al de la reducción de la jornada autorizada.
Una de las enmiendas del PNV obliga a las empresas a hacer fijos a aquellos trabajadores que hayan encadenado contratos durante tres años en una empresa desempeñando el mismo puesto de trabajo y con idéntica actividad, lo que empeora ligeramente las condiciones del trabajador, que antes sólo tenía que estar en la misma empresa durante ese mismo periodo.
Otra se refiere al absentismo y propone que no se tenga en cuenta el absentismo global de la empresa para despedir a un trabajador y que sólo se valore si el empleado falta el 20% de su jornada hábil en dos meses consecutivos. Antes, si el absentismo global superaba el 5% se podía rescindir un contrato, aunque el Congreso rebajó este límite al 2,5%.
Corrección lingüística del despido objetivo
Por otro lado, el Gobierno ha aceptado también una corrección lingüística propuesta por CiU en la redacción de las causas del despido objetivo por causas económicas que consiste en sustituir una coma por un punto y coma. El grupo catalán entiende que el punto y coma facilita la labor del juez y del empresario a la hora de entender estas causas.
De esta forma, el párrafo queda redactado de la siguiente manera: "Se entienden que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente del nivel de ingresos".
Las enmiendas del Grupo Mixto, de la Entesa y del PP fueron rechazas. De hecho, tras la votación, senadores populares y catalanes mostraron su descontento con la eliminación de las enmiendas que beneficiaban a los trabajadores autónomos.
El PSOE, satisfecho
En cambio, la senadora socialista Matilde Fernández puso de manifiesto la satisfacción del grupo parlamentario socialista del Senado por haber conseguido los mismos apoyos que en el Congreso y por devolver al Congreso un texto "acorde" con los objetivos que se perseguían.
"A la izquierda no nos suelen gustar las reformas laborales por ley, preferimos acuerdo de empresarios y sindicatos, pero cuando no queda más remedio que traer a un Parlamento una reforma laboral nos alegra que al final hayamos conseguido los objetivos que habíamos buscado", indicó.
"Sumisión" económica de Zapatero
Comisiones Obreras y UGT acusaron al Gobierno de haber negociado con los grupos "más conservadores" del Senado enmiendas a la reforma laboral con las que se "amplía el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores".
En un comunicado conjunto, los sindicatos señalan que los cambios de la reforma aprobados en la Cámara Alta recortan aún más dichos derechos, "abaratando y agilizando los despidos".
El texto que votará en septiembre el Congreso, añaden, "constata la sumisión del Gobierno a los poderes económicos" y supone un "atropello social" que "hace más necesaria, si cabe", la huelga general convocada el 29 de septiembre, cuyo principal objetivo "debe ser parar esta reforma".
Advierten de que el texto del Senado, "en línea" con lo aprobado previamente en el Congreso, facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, "haciendo el despido más fácil, rápido y barato".
Además critican especialmente la enmienda más discutida estos días, la que limita a 30 días el plazo que tienen los desempleados para rechazar ofertas de formación antes de ser sancionados.
En este sentido censuran que prevalezca la política de la sanción y la infracción en vez de apostar por las políticas activas de empleo.
Lamentan, por otra parte, que se avale la legalización de agencias privadas de colocación, a las que se atribuyen competencias propias de los servicios públicos de empleo, "en lugar de incentivar y reconducir las políticas activas".
También denuncian que el texto de la reforma aprobado en este trámite sigue haciendo "más vulnerable" el empleo fijo, y dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva.
Para UGT y CCOO, ésta es una reforma "a la carta de las posiciones más neoliberales, ahonda en la desregulación laboral y apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de los derechos de los trabajadores".
Por eso insisten en que es "más necesaria que nunca" la huelga general del 29 de septiembre, para "parar" esta reforma que, además de suponer una "regresión" de los derechos laborales y sociales, "entorpecerá" la recuperación económica y la creación de empleo.