El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que exige al Gobierno que devuelva a los funcionarios públicos sus derechos sindicales y su capacidad adquisitiva, así como todos los días de asuntos propios --los llamados 'moscosos'--, que se les recortaron por decreto en julio de 2012.
En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida por la Comisión de Hacienda, la portavoz socialista de Administración Pública en la Cámara Baja, Meritxell Batet, recuerda que en julio de 2012 el Gobierno suprimió la paga extraordinaria de Navidad de ese año a los funcionarios, les redujo de seis a tres los días de libre disposición (aunque uno se recuperó el año pasado y otro lo hará a lo largo de este ejercicio), redujo las vacaciones, limitó la prestación económica en caso de incapacidad temporal y redujo los permisos sindicales.
Todo con el argumento de "reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de servicios esenciales". Sin embargo, la socialista cree que el Ejecutivo ha "atacado sin el menor rigor" a la función pública y ha "contribuido al desprestigio de los empleados públicos y a presentar ante la opinión pública una imagen que en absoluto se ajusta a la realidad", sin evitar por ello el impacto en los servicios públicos de sectores como la educación o la sanidad.
"Puede afirmarse con rotundidad que no existe una relación directa, ni siquiera lejana, entre la reducción del déficit o la mejora de la competitividad, y la supresión de derechos relativos a los días de permiso o de vacaciones. El ahorro consecuencia de la supresión de estos derechos no es real", añade la diputada catalana.
DIFERENTE A LO QUE HICIERON LOS SOCIALISTAS
Tras criticar uno a uno los recortes que han afectado a los funcionarios, Batet se detiene particularmente en la eliminación de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012. En este sentido, reconoce que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redujo un 5% de media las retribuciones anuales de los funcionarios en 2010 pero defiende que esa decisión "sí respondía a una situación sobrevenida que requería la toma de decisiones inmediata".
Además, subraya que tras esa reducción salarial se aprobaron otras medidas "necesariamente más complejas", y apunta que el recorte se hizo de forma progresiva, frente a las decisiones del Gobierno 'popular', que han supuesto una pérdida del 7% del salario de media sobre un colectivo ya castigado y sin criterios de progresividad.
El PSOE también recuerda que los días adicionales de vacaciones que el PP ha suprimido sirvieron en su momento para suplir incrementos retributivos que sí se produjeron en el sector privado, y añade que si la reducción de la prestación económica por incapacidad temporal tenía un fin recaudatorio la eficacia de la medida ha sido "realmente insignificante" en términos de ahorro.
"En definitiva, las medidas citadas han supuesto un atentado contra la dignidad profesional de los empleados públicos, contra sus derechos individuales económicos y sociales y contra sus derechos colectivos. No se justifica su carácter urgente ni han preparado la reforma de las Administraciones Públicas que con ellas anunciaba el Gobierno. Están todas desvinculadas de cualquier criterio de racionalización y en poco o nada han contribuido a la reducción del déficit", resume la portavoz socialista.
NULO MODELO DE ADMINISTRACIONES
A la luz de todas estas reflexiones, Batet concluye que "el Gobierno carece de un modelo de Administraciones Públicas" y que se ha limitado a utilizar a los funcionarios "en beneficio de una imagen de austeridad y reducción del gasto que ni se ha producido ni se ajusta a la realidad".
Sin embargo, los empleados públicos sí se han visto penalizados con "la merma de derechos reconocidos" y con una "importantísima reducción" de su capacidad económica, lo que conlleva un "efecto desincentivador" en su trabajo.
Por eso, el principal partido de la oposición exige reponer los derechos de los empleados públicos a la situación anterior a julio de 2012 en términos de 'moscosos', días de vacaciones, prestación por incapacidad temporal y permisos y derechos sindicales. Asimismo, reclaman la "restitución de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos" dado que el Gobierno aseguró que la medida tenía "carácter provisional" y ahora alardea de una situación "de estabilidad económica y de recuperación".