En los últimos doce meses habrían sido firmados 1.100 contratos de patrocinios, fiestas y congresos y muchas de las entidades beneficiadas no tendrían una dirección física, deben los alquileres de sus sedes o no cumplen con los proyectos estipulados, apuntó el diario O Globo de Río de Janeiro.
Las denuncias del periódico surgen en momentos que la contabilidad de la mayor empresa brasileña es cuestionada por un supuesto "maquillaje" de los datos, situación que tiene a la oposición movilizada para instalar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Congreso.
Muchas de las instituciones están vinculadas con políticos de la base aliada al Gobierno y algunas tienen procesos de investigación en la Justicia, como la Asociación Comunitaria "Carlos Pontes", en Duque de Caxías (Río de Janeiro) y beneficiada con 317.000 reales (unos 156.388 dólares).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la ministra-jefa de Casa Civil (Presidencia), Dilma Rousseff, han salido en defensa de la gestión de la estatal en el actual Gobierno y criticaron la posición "oportunista" de la oposición.