La vicepresidenta ha recordado que uno de los compromisos electorales" del PP era "ampliar la posibilidad de las comunidades autónomas de elegir "libremente" la forma de gestión de los canales públicos de televisión y ha subrayado que no se trata de imponer ningún modelo a las comunidades. "El Estado no establece por ley ninguna obligación, no se trata de constreñir el marco de la gestión, sino de ampliar las posibilidades", ha indicado.
Sáenz de Santamaría ha indicado que la reforma de la Ley Audiovisual ha sido presentada "con carácter más urgente" porque se trataba de un compromiso electoral del PP, pero también porque es una medida "urgente y necesaria" para garantizar la "viabilidad" del servicio de televisión público autonómico y "abrir a las comunidades autónomas otros mecanismos de gestión que coadyuven a la mejora de sus cuentas públicas".
Gestión directa
Sobre la posibilidad de que empresas privadas gestionen las cadenas públicas, ha subrayado que la Ley de Contratos del Sector Público del Estado ya establece distintas fórmulas para la gestión indirecta de los servicios públicos. En cualquier caso, ha asegurado que, independientemente del modelo de gestión que cada comunidad autónoma elija para su televisión, siempre quedará "salvaguardado el cumplimiento de las obligaciones servicio público y el correspondiente equilibrio financiero y presupuestario".
Las dos comunidades autónomas que habían pedido "más libertad" para la gestión de sus televisiones autonómicas públicas han sido Castilla-La Mancha y Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular, según han señalado fuentes gubernamentales. Tras su estudio en el Consejo de Ministros, el anteproyecto será enviado ahora a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para que realicen los informes preceptivos sobre la futura norma.
Rechazo de los sindicatos
Los sindicatos de CCOO y UGT han rechazado la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual que ha estudiado este viernes el Consejo de Ministros al entender que la privatización de las televisiones autonómicas "no evitarán costes" y conllevará despidos de los empleados de los entes públicos.
Mientras, el portavoz del PSOE en la Comisión Mixta de control a RTVE, el senador Óscar López, ha pedido un debate "en profundidad" sobre el modelo de gestión de las televisiones públicas, antes de que el Gobierno abra la puerta a las comunidades autónomas a privatizar sus televisiones autonómicas. Los telespectadores, por su parte, han pedido que se respete el derecho de los ciudadanos a disponer de información sobre su comunidad.
Gasto de las televisiones públicas
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).