"Tenemos que mantener el impulso", repitieron el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Barroso, y su homólogo en el Consejo, Herman Van Rompuy, durante la rueda de prensa que ofrecieron al término de la cumbre de líderes europeos que se celebró hoy en Bruselas.
"La situación económica es mejor de lo esperado, pero debemos continuar con las reformas estructurales, cerrar la gobernanza económica, reforzar los mercados", insistió Barroso.
Barroso y Van Rompuy realizaron esta llamada de atención tras el fracaso cosechado el 6 de septiembre, durante la última reunión del grupo de trabajo encargado de perfilar la reforma, que terminó sin acuerdo sobre el nuevo sistema de sanciones y el papel que debe atribuirse a la deuda de los países en el procedimiento de infracción.
Fuentes diplomáticas achacaban aquel resbalón al agotamiento de la "voluntad colectiva de avanzar" surgida durante la crisis, debido la incipiente recuperación económica europea y al relajamiento de las tensiones en los mercados de deuda soberana.
Tampoco hoy se ha logrado ningún acuerdo sobre el tema, desplazado por la polémica de las expulsiones de gitanos en Francia, aunque tanto Van Rompuy como Barroso aseguraron que los Veintisiete siguen comprometidos con la reforma de las reglas presupuestarias, para evitar que los países incurran en déficit excesivos que comprometan la estabilidad de toda la zona.
Además, Van Rompuy prometió cumplir los plazos marcados y entregar un informe con compromisos concretos a finales de octubre, después de que el grupo especial de trabajo analice las propuestas que la Comisión realizará a este respecto el 29 de septiembre.
El centro del debate versa sobre el nuevo sistema de sanciones que deberá desincentivar la asunción de políticas presupuestarias demasiado expansivas por parte de los Estados, así como la inclusión del criterio de la deuda pública como un factor vinculante a la hora de castigar a los países (hasta ahora sólo lo es el déficit).
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió hoy el establecimiento de sanciones "eficaces, automáticas y directas" para los países que incumplan los criterios de déficit y deuda fijados en el Pacto de Estabilidad (establecidos en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente).
En este sentido, coincidió con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, quien recientemente propuso que los castigos sean aplicados de manera automática, a menos que una mayoría de Estados miembros se oponga a ello en el Consejo de Ministros.
España, en cambio, discrepa con Alemania sobre la posibilidad de que las sanciones impliquen una suspensión de los fondos de cohesión, de los que España es la segunda beneficiaria de la UE, al tener asignados 35.217 millones de euros para el periodo 2007-2013, sólo superados por los 67.284 millones previstos para Polonia.
La ministra española de Economía, Elena Salgado, se declaró contraria a la posibilidad de suspender los fondos durante la última reunión del grupo especial de trabajo, liderado por Van Rompuy.
En cambio, la postura formulada hoy por la canciller alemana, Angela Merkel, es más dura: "He transmitido un mensaje muy claro a mis colegas de que la puesta en marcha de nuevos rescates no contará con la ayuda de Alemania. Debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para extraer las enseñanzas de la crisis".
Fuentes diplomáticas explicaron que la suspensión de los fondos de cohesión para los países de la zona euro no requeriría de cambios legislativos, ni tampoco sería necesaria una modificación en el caso de que la Eurozona acordara adelantar el proceso, para que los castigos sean infligidos de manera preventiva, antes de que los países superen los niveles de déficit y deuda permitidos.
En cambio, esto sí sería necesario en el caso de que los Veintisiete acordaran ampliar la disciplina presupuestaria al conjunto de la UE, aunque las mismas fuentes aseguraron que el asunto podría introducirse en las próximas perspectivas financieras, que serán presentadas por la CE el año que viene.
Van Rompuy apostó hoy por la creación de ese marco de sanciones económicas a dos velocidades: primero, en la zona euro y, en una segunda fase, en el conjunto de la UE.
El líder del Consejo también se mostró partidario de trabajar en el endurecimiento de la disciplina presupuestaria "dentro del marco de los tratados", para evitar que una reforma legislativa de ese calado retrase el proceso.
Merkel y el Banco Central Europeo desean superar la legislación actual para llegar lo más lejos posible en este proceso, aunque Van Rompuy consideró que, de ponerse de acuerdo sobre la necesidad de modificar el tratado, habría que ampliar su mandato al frente del grupo especial de trabajo más allá de octubre.