Esta empresa, llamada Termosolar Palma Saetilla, gestiona un complejo termosolar de 100 megavatios (MW) en el que se invirtieron 500 millones de euros. La instalación, dividida en Palma del Río I y II, se extiende en un área de 260 hectáreas y dispone de colectores solares con una longitud lineal de 152 kilómetros.
El recurso de la filial de Acciona aparece publicado este martes en el BOE por parte del Supremo con objeto de iniciar el plazo legalmente establecido para la personación de las partes. El total, el Alto Tribunal ya ha admitido a trámite unos 230 recursos.
Aparece además junto a otras catorce denuncias contra la misma normativa, entre ellas las de empresas y asociaciones tan variadas como la de electrodomésticos Frigoríficos Conchado, la eólica Asociación Eólica de Galicia, la empresa Gallega de Residuos Ganaderos o la de telecomunicaciones Magtel.
El recorte incluido en la nueva regulación afecta al anteriormente conocido como régimen especial, compuesto no solo por las renovables, sino también por las plantas de cogeneración, que aprovechan el calor de los procesos industriales para producir electricidad.
Entre los recursos ya admitidos a trámite figuran los de Europac, el grupo de alimentación Palacios, Asociación Española de Fabricantes de Pastas, Papel y Cartón (Aspapel), Elecnor, Gas Natural Fenosa Renovables, la multinacional nórdica del papel Stora Enso, Ence, Fotowatio, EDP o Sener.
El Supremo también ha dado curso a las denuncias del ayuntamiento catalán de Santa Coloma de Gramanet, de la asociación de empresas termosolares Protermosolar y de la asociación de referencia de energías renovables APPA.
Junto a esto, han acudido a la Justicia la Junta de Extremadura y otras asociaciones como la de Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines y la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt).
El nuevo mecanismo retributivo para las tecnologías del anteriormente conocido como régimen especial fija una rentabilidad antes de impuestos cercana al 7,5% a lo largo de toda la vida útil de la instalación, conforme a unos estándares en función de las características de las plantas.
Los demandantes han presentado sus recursos contra el real decreto 413/2014 y la orden IET/1045/2014. El primero regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos, mientras que la orden ministerial contempla los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las distintas instalaciones.