Los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA), han demandado al Gobierno de Andorra y el Institut Andorrà de Finances (Inaf, supervisor financiero del país) reclamándoles de manera solidaria 364,6 millones de euros por haber provocado la desaparición de la entidad financiera.
Esta cifra corresponde a su participación accionarial en el banco, del 75,5%, respecto a la más baja de las valoraciones totales de la entidad realizadas por dos firmas independientes, Tracis y Grant Thornton Advisory, que han situado el valor del grupo en 482,8 y 496,4 millones, respectivamente, han informado los accionistas en un comunicado este jueves.
Los Cierco han argumentado que la valoración económica negativa que realizaron las autoridades andorranas (-103 millones) es en cualquier caso resultado de la gestión de la administración del Principado tras la alerta por posible blanqueo de capitales que realizó Estados Unidos y que decidió a Andorra a intervenir el banco y más adelante liquidarlo.
Los accionistas han lamentado además que la administración andorrana no presentó ninguna alegación a la alerta estadounidense ni defendió los intereses de BPA en Banco Madrid --que fue inmediatamente liquidado-- ante las autoridades españolas.
Consideran que ni el Gobierno de Andorra ni el Inaf se plantearon la continuidad del banco, sino que tenían como prioridad la imagen del resto del sector financiero del país y desde el principio apostaron por la desaparición de BPA.
FUGA DE CAPITALES ANTES DEL AVISO
Los accionistas han insistido en que es inconstitucional expropiar bienes sin ningún tipo de compensación económica, y han añadido la sospecha de irregularidades tras analizar el informe de viabiliad que realizó el Inaf en abril de 2015 y al que no han tenido acceso hasta este 3 de junio.
El documento habla de que entre el 9 y el 13 de marzo de 2015 los clientes ordenaron transferencias por importe total de 105 millones y que, de seguir ese ritmo, habría comprometido probablemente la liquidez y la solvencia de BPA.
Los accionistas se preguntan en la demanda judicial por qué el Inaf incluye el 9 de marzo como fecha significativa si la intervención del banco se anunció prácticamente en el horario de cierre de la entidad el día 10.
Por ello, sostienen que sería interesante saber si se produjeron reintegros extraordinarios durante el día 9, y también durante el día 10 antes de hacerse pública la nota de aviso de Estados Unidos, ya que "sólo podrían ser inducidos por quien tenía en ese momento la información de lo que se iba a producir el día 10, que serían sólo instituciones y personas muy concretas".
En esta línea, van más allá y proponen analizar los movimientos comprendidos entre el 4 y el 10 de marzo de 2015, apunta la demanda de Ramon e Higini Cierco presentada ante la sección administrativa de la Batllia (primera instancia judicial andorrana) y que está formada por 125 páginas e incluye anexos impresos y en formato digital.