ACS ha cerrado la venta del 80% de la participación que tenía en un conjunto de estaciones de la línea 9 del metro de Barcelona y en la sociedad que las mantiene por un importe de 110 millones de euros, una operación que le ha generado una plusvalía de 70 millones de euros, según informó la compañía.
La transacción, acordada con el fondo John Laing Infrastructure Fund el pasado mes de diciembre, se ha cerrado una vez se han cumplido todas las condiciones de las que quedó pendiente, fundamentalmente la de lograr las correspondientes autorizaciones de las entidades financiadoras.
La venta se enmarca en la estrategia del grupo que preside Florentino Pérez de vender concesiones que considera maduras para obtener fondos para invertir en nuevos proyectos.
Tras la operación, ACS reduce su participación en el metro de Barcelona, y limita al tranvía de Arganda (Madrid) y al AVE transfronterizo Figueres (Gerona)-Perpignan, actualmente en concurso de acreedores, su cartera de concesiones ferroviarias en España, donde el grupo también explota autopistas, hospitales, centros penitenciarios y aparcamientos.
En concreto, la compañía ha vendido el grueso de la participación que tenía en dos sociedades concesionarias de sendos tramos de la línea 9 del metro de Barcelona.
En concreto, ha vendido el 80% de la participación del 50% que tiene en la sociedad concesionaria de las estaciones del tramo dos de esta línea, y de la participación del 10% que ostenta en la sociedad que se dedica al mantenimiento de las estaciones de este tramo dos y del tramo cuatro de esta misma línea, una de las líneas de suburbano más largas de Europa.
SE MANTIENE EN LA GESTIÓN.
No obstante, ACS, a través de su filial concesión Iridium, asegura que seguirá teniendo un "importante papel" en la operación y gestión de estas dos concesiones, así como una "presencia relevante" en sus órganos de gobierno.
Según detalló la empresa cuando anunció la venta, las dos concesiones del metro de Barcelona están financiadas a largo plazo y obtienen sus ingresos de los pagos que les realiza la Administración en función del grado de disponibilidad que presentan las infraestructuras, que aún cuentan con un periodo de explotación de 27 años.