"Europa no puede ser ingenua y tiene que defender sus intereses, especialmente en caso de dumping", ha declarado el ministro eslovaco responsable de Comercio y presidente de turno de la UE, Peter Ziga, tras recordar que la UE no ha cambiado su defensa comercial desde hace 15 años.
Entre las mejoras que los Estados miembros aspiran a revisar, tras desbloquear una negociación estancada durante años, figura el aumentar la transparencia y predictibilidad en la imposición de medidas provisionales antidumping y antisubsidios, lo que incluye un periodo de cuatro semanas desde que se haga pública la decisión durante el que ésta no se aplicará.
También abogan por que las investigaciones se puedan iniciar sin la necesidad de una petición oficial de la industria perjudicada, en el caso de que se detecte un riesgo de que los terceros países pudieran tomar represalias, así como por acortar los plazos de los expedientes.
Además plantean la imposición de aranceles más altos en los casos en los que haya distorsiones en el sector de las materias primas y estas materias primas, incluida la energía, representan más del 27 % del coste de producción total y más de un 7% de manera individual.
Con ello, los países de la UE quieren abrir la puerta a flexibilizar el principio del "derecho inferior", según el cual la tasa impuesta no debe ser mayor de lo estrictamente necesario para evitar el daño a una industria de la UE. La imposición de un derecho debería basarse en un "objetivo de beneficio" y también estar sujeto a un test del "interés de la Unión".
La propuesta de la Comisión Europea para modernizar estos instrumentos estaba en suspenso desde 2013, pero los gobiernos de la UE acordaron hace semanas desbloquear las conversaciones e intentar cerrar un acuerdo con la Eurocámara, con quien debe negociar la reforma, "antes de que acabe el año".