El presidente del consejo general de Colegios de Administradores de Fincas de España, Salvador Díez, ha denunciado que la última reforma de la ley en 2013 "no ha satisfecho a nadie". Según explica, la Administración no ha logrado el impulso de rehabilitación de los inmuebles y a los Administradores de Fincas Colegiados les está costando mucho aplicar la ley en un contexto económico y laboral en crisis.
Para combatir la morosidad, exigen que el certificado de deudas incluya, no sólo la deuda líquida, vencida y exigible, sino también las cuotas ya aprobadas en la Junta de Propietarios, aunque no fueran todavía vencidas y exigibles.
Otra de las propuestas consiste en la privación temporal del uso de servicios o instalaciones no necesarias para la habitabilidad de los inmuebles y un fondo de reserva del 5% del presupuesto anual acumulativo que se utilice para los gastos "urgentes" de la comunidad y para "obras extraordinarias".
Por último, piden suprimir la obligación de la doble convocatoria para la celebración de las juntas, flexibilizar el régimen de asistencia y limitar la exigencia de unanimidad a supuestos concretos, así como incorporar las nuevas tecnologías para que se pueda participar en las actas y convocatorias de manera virtual y aumente la participación directa de los propietarios.