La juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha requerido a los administradores concursales de Grupo Jale, compañía en suspensión de pagos, que reintegren un importe de unos 3 millones de euros que han cobrado "sin autorización judicial y sin permiso de la juez".
Así lo indica el auto emitido por este Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, contra el que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
La resolución judicial es fruto de un procedimiento iniciado por el empresario José Antonio López Esteras, propietario de Jale, quien requirió en varias ocasiones la suspensión de las cantidades percibidas por los administradores, argumentando que estos gestores nombrados para los concursos de Jale Construcciones, Inmobiliaria Amuerga e Inverluna "habían percibido una cantidad superior y excedida a la señalada en los autos donde se fijaban retribuciones provisionales".
Según el auto, cada uno de los administradores concursales "tenía derecho a percibir un total de 703.163,42 euros por los tres procesos de concurso de acreedores.
A esas cantidades se suman otras sobre las que la administración concursal asegura tener derecho a percibir por la dirección técnica de acciones de reintegración a raíz de una serie de incidentes en cada uno de estos procesos concursales, que suman 1,3 millones en el caso de Amuerga y 470.976,41 euros en el caso de Jale Construcciones.
Ahora, tras diversas actuaciones seguidas durante varios meses y tras varios requerimientos de cantidades, el Juzgado requiere, de nuevo, a los administradores concursales de Grupo Jale para que devuelvan las sumas cobradas sin autorización judicial.
De esta forma, el Juzgado ha dictado un auto en el que se detallan exhaustivamente los importes cobrados por los administradores concursales, indicando que Tomás Torres Peral ha cobrado 1,50 millones de euros, Alejandro Bengio Bengio ha percibido 1,50 millones y Daniel Pastor Vega, 1,48 millones.
Tras esto la juez insiste en que, "sin su autorización y vulnerando la 'par conditio creditorum', los administradores concursales han cobrado unas sumas que no están autorizadas, indicando, textualmente, siendo cierto que los administradores concursales han cobrado una cantidad mucho mayor de la autorizada en cada uno de los concursos".
En el auto ahora notificado se pone de manifiesto que los administradores concursales, "sin perjuicio de lo que, en su momento resulte, tienen autorizado el cobro de, en total, un 1,2 millones de euros, y, por ello, habiendo cobrado la suma de 4,5 millones de euros, deben reintegrar lo indebidamente cobrado, cerca de tres millones de euros".