Según datos del Tribunal de Cuentas, no habría podido cobrar cinco de cada seis euros de fraude que detecta. El Tribunal habla de falta de eficiencia y pide al Gobierno que tome medidas. Estos es, dice Ingrid Gutiérrez, analista de El Economista, porque muchas deudas se recurren a la justicia lo que alarga el trámite y algunos deudores se declaran insolventes.