Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, Marín Quemada ha sido preguntado por su opinión respecto de la decisión del Grupo Popular en el Senado de presentar una moción para pedirle que reduzca las obligaciones impuestas a Telefónica en el mercado mayorista de banda ancha por sus "efectos desfavorables", propuesta que se retiró al cabo de unos días.
"La moción ha sido retirada y yo es con lo que me quedo y lo único que me importa. Eso es capaz de neutralizar el desasosiego inicial que me produjo el conocimiento de la moción", ha dicho el presidente del 'superregulador'.
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Sobre el fondo del asunto, ha recordado que la propuesta de regulación del mercado mayorista de banda ancha, que conllevaría nuevas obligaciones en fibra para Telefónica, "no está cerrada", y que el Consejo del 'superregulador' tendrá la última palabra una vez oídos todos los actores implicados.
Y es que la consulta pública sobre el análisis de los mercados mayoristas de banda ancha "está aún abierta" y las medidas que se han conocido hasta la fecha son únicamente "reflexiones" publicitadas en un "ejercicio de transparencia". "Pero nada está cerrado", ha insistido, señalando que los actores no dominantes (Vodafone y Orange) están siendo "muy activos" en este proceso de participación.
Además, ha defendido que la propuesta de la Dirección de Telecomunicaciones y Audiovisuales de la CNMC para regular el mercado de banda ancha busca un "equilibrio" entre la competencia efectiva y la promoción de las inversiones en redes de nueva generación, y plantea "obligaciones regulatorias diferenciadas para la tradicional red de cobre y la nueva red de fibra óptica".
"Queda fuera de toda duda que el empresario inversor requiere un retorno, porque si no, no invertiría. De ahí la necesidad de una regulación equilibrada y eficaz", ha insistido, abundando en la idea de que se pasa de un sistema de fijación de precio según costes a uno de "justa retribución" por la inversión realizada, que es "lo razonable" y que ha convertido a la CNMC en el "árbitro" del sistema. "Sé que a otros les gustaría serlo, pero no lo van a ser", ha añadido.
ZONAS DIFERENTES
En este sentido, Marín Quemada ha explicado que se han identificado nueve municipios donde hay un "mayor nivel de competencia" en el despliegue de las redes fijas de nueva generación, por lo que se podría "desregular" el acceso a la fibra óptica manteniendo las obligaciones sobre la red de cobre, las infraestructuras de obra civil y el último tramo de las redes de fibra en los edificios. Para el resto de municipios, la CNMC propone que el operador principal (Telefónica) deba prestar un nuevo servicio mayorista de acceso virtual al bucle de fibra óptica.
Por su parte, en el mercado de acceso indirecto del segmento residencial, también se han identificado dos zonas con diferente grado de competencia, lo que llevaría a mantener las obligaciones de acceso indirecto a las redes de fibra y cobre sólo en la zona con menos competidores, y que durante un año Telefónica deba desarrollar "de forma transitoria" una oferta mayorista de acceso indirecto sobre fibra óptica nacional sin el límite de 30 Mbps.
En cuanto a los servicios de banda ancha en el segmento empresarial, la CNMC cree que Telefónica tiene una "posición de ventaja" que no se ha reducido en los últimos años, por lo que propone crear una oferta mayorista de acceso indirecto específica que "permita la prestación de servicios de acceso de banda ancha de alta calidad a las empresas" por parte de un mayor número de proveedores.
La propuesta del 'superregulador' incluye asimismo una simplificación de las condiciones de cierre de centrales por parte de Telefónica para "alinear las previsiones regulatorias del cierre a las que existen en el ámbito europeo".
ABRIR LA RED A LOS RIVALES
La propuesta de la CNMC supone obligar a la teleoperadora a abrir su red de fibra a sus rivales con unos precios fijados con un test de replicabilidad económica, excepto en nueve municipios --Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Móstoles, Málaga, Sevilla y Valencia--.
Según los 'populares', esta "cesión" a un precio regulado puede traer como consecuencia que esta compañía deje de invertir en España durante el ejercicio 2015 alrededor de 800 millones de euros, lo que afectaría en último término también a los empleos.
La propia Telefónica también se había quejado de esta regulación, instando a la CNMC a modificar su propuesta y amenazando con reducir el ritmo de despliegue de su red, en contra de los criterios de Orange y Vodafone, partidarios de la propuesta.
De hecho, Orange asegura que dicha regulación, lejos de desincentivar sus inversiones en fibra --su objetivo es alcanzar los 10 millones de hogares en 2017--, les anima y les da una perspectiva "más clara" para hacerlo. Por su parte, Vodafone calificó la propuesta de "razonable, equilibrada, sensata, basada en datos empíricos" y aseguró va en la "buena dirección".