La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado este martes la labor de supresión de empresas y sociedades públicas que están realizando las comunidades autónomas en el marco del plan de reestructuración del sector público. Así, ha avanzado que, después de suprimir 535 de esas entidades, en la segunda fase se ampliará ese número a 708, lo que permitirá un ahorro de 1.500 millones de euros.
"Cumplido el objetivo de 535 sociedades, la siguiente fase amplía ese número a 708, lo que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros", ha desvelado Sáenz de Santamaría durante su intervención en las jornadas 'Reformas y eficiencia del sector público. Hacia un nuevo modelo de relación con las empresas y el ciudadano' organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte.
Aunque la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que "muchas veces" se dice que el Estado tiene "una cierta dimensión", en realidad ese sector público instrumental es un problema mayor en las comunidades autónomas. Por eso, ha destacado la labor que están realizando las comunidades en este sentido, con "la desaparición" de 535 sociedades que ahora se amplía en una segunda fase hasta superar las 700.
Además, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ya aprobó el pasado viernes la supresión de 67 organismos públicos, que incluye fundaciones públicas empresariales, observatorios y otros órganos, con las que el Gobierno espera ahorrar 33,5 millones de euros. "Hemos llevado a cabo una simplificación y limpieza del conjunto del Estado", ha resumido.
Con el fin de evitar que en un momento de bonanza se vuelva a "repetir" la situación de crear empresas públicas, la vicepresidenta ha adelantado que impulsarán una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones que establecerá un "sistema muy riguroso" para la creación de nuevos organismos públicos, justificando su "necesidad", la "eficiencia de sus ingresos" y si tiene "salud financiera" para llevar a cabo sus funciones.
"PROBLEMAS" A LOS QUE SE INTENTA DAR SOLUCIÓN.
Aparte del "sobredimensionamiento" del sector público, ha explicado que el primer "problema" que el Ejecutivo quiso atajar fue la morosidad en el pago de las administraciones que se ha "llevado por delante muchas empresas". Así, ha recordado que, aparte de la ley de morosidad, se han impulsado iniciativas como la factura electrónica y la ley de deuda comercial.
Otro de los "problemas" a los que el Ejecutivo ha querido dar solución, según ha dicho, ha sido la ruptura de la unidad de mercado con una ley que "servirá para eliminar muchas trabas a los empresarios" y que se aprobará este mismo jueves en el Congreso. "Hemos analizado toda la legislación en cada uno de los ámbitos de desarrollo, con más de 5.800 normas donde se produce una fractura de la unidad de mercado", ha apostillado.
Santamaría ha explicado que el tercer eje en el que trabaja el Ejecutivo es la eliminación de trabas administrativas y la simplificación de procedimientos, con normas como la Ley de Emprendedores, el proyecto de Evaluación Ambiental o la Ley General de Telecomunicaciones.
Dentro del capítulo de simplificación normativa, ha señalado que el pasado viernes se envió a las Cortes un proyecto para obtener autorización y poder aclarar el panorama normativo en asuntos como la Seguridad Social, la legislación del suelo, el Estatuto de los Trabajadores o la prevención de riesgos laborales, entre otros.
Igualmente, ha recordado que otra de las líneas de actuación del Ejecutivo pasa por impulsar la gestión de servicios y medios comunes. En este punto, ha recordado medidas como la apuesta por un servicio informático común para el conjunto de la Administración que dependerá de Hacienda y Presidencia o la implantación de las compras centralizadas.
Sáenz de Santamaría ha abogado por "una nueva cultura" de cooperación entre las administraciones. Así, por ejemplo ha dicho que en materia de seguridad vial, empleo o violencia de género ya están trabajando para "llevar planes conjuntos entre todos". "Son muchas las facetas en las que tenemos que trabajar para eliminar duplicidades", ha dicho, para recordar que ya hay comunidades que están reduciendo su entramado institucional eliminando sus defensores del pueblo o sus tribunales de cuentas autonómicos.
HACER "MÁS CON MENOS".
Santamaría, que ha hecho un minucioso repaso de todas las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha en estos 22 meses de Gobierno en el marco de la reforma de las AAPP, ha recalcado que se trata de una de las reformas "más complejas pero más necesarias" de las que se están llevando a cabo en el Plan Nacional de Reformas (PNR), del que ya se ha ejecutado casi el 90 por ciento en estos dos años.
La vicepresidenta ha subrayado que el Gobierno persigue que la administración sea un "motor y activo de la economía". Por eso, ha proseguido, ha emprendido una reforma "al servicio del desarrollo económico y del bienestar del ciudadano" que ha analizado los "fallos y deficiencias" de las administraciones a todos los niveles (local, autonómico y del Estado) para "hacer más con menos" y hacerlo "mejor".
Finalmente, ha señalado que de las 218 medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), 15 están finalizadas, 82 en fase inicial de ejecución, 90 en fase media y 22 en fase de finalización, según ha precisado. "Esta reforma se va a hacer y se está haciendo sí o sí", ha proclamado.