Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han mostrado este miércoles en el Congreso su apoyo a la futura Ley de Transparencia y a la inclusión de los sindicatos en la misma, pero han avisado de que la norma no debe ir más allá de obligarles a dar cuenta de cómo gestionan los fondos públicos que reciben y que no puede utilizarse para "limitar el derecho de libertad sindical" o atentar contra su "autonomía organizativa".
Así lo han asegurado ante la Comisión Constitucional del Congreso, el secretario de Estudios de CC.OO, Rodolfo Benito, y el secretario de participación de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, que con sus intervenciones han puesto fin a las comparecencias de expertos que abrió el Congreso el pasado mes de enero para recabar distintas opiniones sobre este proyecto de ley.
Ambos han coincidido en señalar la necesidad de que España apruebe una Ley de Transparencia que, junto con otras reformas legislativas, contribuya a que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en las instituciones. Y, aunque se han mostrado de acuerdo con que la norma imponga obligaciones a los sindicatos, se han afanado en dejar claro que la misma no puede utilizarse para equiparar sus obligaciones de transparencia a las que se van a imponer a las administraciones públicas o incluso a los partidos políticos.
NO SON PARTIDOS
"No se puede asimilar sin más la obligación de información activa que pesa sobre el conjunto del sector público a la que puedan tener las organizaciones sindicales", ha comentado Benito, subrayando que este mandato de publicidad activa ha de limitarse "a la gestión de los recursos públicos y los programa de financiación pública que gestionen".
También ha pedido que no se confunda "la posición de los sindicatos con la de los partidos políticos a la hora de dar cuenta ante el conjunto de sociedad de su financiación, su actividad y de los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes". Con el mismo objetivo de diferenciar a los sindicatos de los partidos, Monell ha recordado que las organizaciones sindicales no están sujetas a una ley de financiación como sí lo están las políticas.
Los representantes de las dos centrales sindicales han subrayado la necesidad de que se tenga en cuenta la "singularidad" que la Constitución confiere a los sindicatos, destacando que no sólo defienden a sus afiliados, sino los intereses de todos los trabajadores. En este sentido, Benito ha rechazado que se mandate a los sindicatos a publicitar sus estrategias ante el Gobierno o la patronal o en materia de negociación colectiva.
NO PUEDE LIMITAR LA LIBERTAD SINDICAL
"Más allá del control público sobre los recursos públicos, la ley no puede ser en ningún caso limitadora del derecho de libertad sindical, que implica una completa autonomía organizativa y una prohibición de injerencia de los poderes públicos", ha aseverado el representante de CC.OO. También Monell ha recalcado que los sindicatos tiene "derecho a organizar su administración" y que las "autoridades públicas deben abstenerse de entorpecer ese derecho y su ejercicio".
Además, ha defendido, como su compañero, que la norma incluya un mandato al Gobierno para aprobar una regulación estatal y unitaria sobre el derecho de los sindicatos a su participación institucional en aquellos ámbitos que afectan a los trabajadores.
Los dos han aprovechado su presencia en el Congreso para hacer algunas precisiones sobre cómo se financian las organizaciones sindicales, incidiendo en que la mayor parte del dinero que reciben proviene de las cuotas de sus afiliados, que rondan el millón de personas en cada caso.
Así, el dirigente de CC.OO ha detallado que los fondos que su sindicato recibe vía Presupuestos Generales del Estado o de administraciones autonómicas suponen sólo el 2,8 por ciento del total, y ha resaltado cómo se han recortado estas cantidades en los últimos años: Si en 2009 CC.OO percibió 6,6 millones de euros de las cuentas estatales, este año esa cantidad se ha reducido a 3,5 millones. Además, ha incidido en que su sindicato ya es "transparente" y tiene colgados sus "balances" y "presupuestos" en su página web.
SUBVENCIONES FINALISTAS, NO PARA FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN
En términos similares se ha expresado Monell, quien ha puesto de relieve que el grueso de la financiación de UGT "no viene de fondos públicos". Aunque no ha ofrecido datos concretos, ha indicado que "los ingresos propios", provenientes de sus afiliados, superan el 70 por ciento del total.
En este contexto, los dos han especificado que no utilizan para financiarse las subvenciones que reciben programas públicos finalistas, puesto que ese dinero sólo se puede utilizar para esos los proyectos y que, además, está tasado y sometido al control público. "Si se quieren hacer accesibles bien, pero ese dinero no financia a las organizaciones sindicales", ha enfatizado Monell.
Por contra, el responsable de UGT ha explicado que sí está permitido utilizar "para la realización de la actividad sindical" las subvenciones que reciben en función del resultado que obtienen en las elecciones sindicales, es decir, de su representatividad.
Hace unos días el líder de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, se negó a participar en lo que definió como un "indecente striptease" sobre los sueldos que perciben determinados personajes públicos. Según ha explicado Benito en declaraciones a los periodistas tras su comparecencia, esa afirmación no contradice el deseo de su sindicato de someterse a la Ley de Transparencia.
¿PUBLICAR LOS SUELDOS?
De hecho, ha garantizado que los salarios de sus dirigentes se publican en los balances de actividades económica que se debaten en los congresos del sindicato. Por su parte, Monell se ha limitado a decir que desconoce "cómo quedará la ley" en este aspecto y ha reiterado que ellos son partidarios de que se les obligue a dar cuenta del uso que dan a los fondos públicos que, por otra parte, ya están "sometidos al control de la intervención del Estado.
Más allá de la parte relativa a los sindicatos, Monell ha puesto sobre la mesa las propuestas de UGT para mejorar el proyecto del ley: que el acceso a la información pública se considere un derecho fundamental; que incluya a todas las administraciones públicas, las que perciben o gestionan fondos públicos y contratan con administraciones y que el órgano de control de la aplicación de la ley sea independiente;
También ha demandado que se refuerce la fiscalización y rendición de cuentas de los servidores públicos, incluyendo por ejemplo, a las autoridades, empleados públicos y quienes manejen recursos públicos; que la ley establezca "obligaciones éticas exigibles a las corporaciones e instituciones privadas en su relación con los poderes públicos.