La compensación será abonada por Enagás, a través de su filial Enagás Transporte, en una operación "muy ligada a la financiación del BEI", indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.
La hibernación de la instalación "implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural" en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó.
La vicepresidenta del Gobierno aseguró que el real decreto ley aporta una "solución" a un proyecto que ha quedado suspendido por los seísmos detectados en la zona y que fue aprobado en mayo de 2008 a través de un decreto con varias cláusulas para las que el actual Gobierno "intentó una declaración de lesividad" ante los tribunales.
"Por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá en su caso poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras", señaló.
"La solución permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en marcha las instalaciones como estaba previsto", añadió Sáenz de Santamaría.
Un ahorro de 110 millones anuales
En una nota, Industria destaca que "la solución adoptada permite reducir el coste para el sistema gasista frente al coste del almacenamiento en caso de haberse puesto en funcionamiento las instalaciones como estaba previsto".
En concreto, el coste de tener operativo el almacenamiento habría sido de 210 millones de euros anuales, mientras que la opción de hibernarlo generará un coste de 100 millones de euros anuales, 110 millones menos.
Los detalles sobre la hibernación aparecen en el real decreto ley aprobado este viernes por el Gobierno "para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente en relación con el almacén de gas Castor", situado a 22 kilómetros de Vinarós (Castellón) y a 2 kilómetros de profundidad.
El objetivo de este real decreto, sostiene Industria, es dar solución a una compleja situación técnica existente en el almacenamiento y resolver la renuncia a la concesión presentada por su titular, Escal UGS, de un modo en que se garantice el interés general.
Industria explica que durante la hibernación no se realizará ninguna extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento y que, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, se podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras.
Comparación con la reforma del gas
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la reciente reforma del sistema gasista se ha diseñado a partir de unas estimaciones para Castor en un escenario de entrada en operación, de modo que la hibernación reducirá esta presión de costes.
Las fuentes indican además que, una vez recibidos los 1.350 millones de euros de compensación que pagará Enagás a Escal USG, participada por ACS, y tras el acuerdo del gestor técnico del sistema gasista para ceder los derechos de recuperación de este importe a un 'pool' de bancos, Castor pasará a tener consideración de "dominio público".