La denuncia, que se ha formalizado este lunes, solicita que se inicie un procedimiento de infracción contra España por considerar que el nuevo artículo 95 bis de la ley del IRPF (aprobada el pasado 20 de noviembre y que entrará en vigor el 1 de enero de 2015) que grava las ganancias patrimoniales por cambio de residencia vulnera los artículos 18,39 y 43 del Tratado de Roma y es discriminatoria contra el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de movimiento y establecimiento.
Asinver asegura que el impuesto de salida aprobado tiene únicamente "interés confiscatorio" y que representa una "discriminación fiscal" contra la libertad de movimiento y establecimiento bajo el pretexto de una presunción general de evasión o de fraude fiscal, basado únicamente en el hecho de que una persona haya trasladado su domicilio.
"La medida aprobada no solamente ataca libertades fundamentales, sino que además representa un obstáculo tanto para los emprendedores y 'start up' españoles como para la llegada de inversión extranjera", subrayan desde Asinver.