De esta forma, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional da la razón a los representantes sindicales al considerar que la empresa redujo finalmente el número de afectados de 42 a 27, pese a que inicialmente se negara a negociar esta reducción y a debatir las causas económicas alegadas para el despido colectivo.
En este sentido, según señala la sentencia, la compañía no aportó información sobre las cuentas provisionales de 2013 a la fecha de inicio del periodo de consultas.
"La empresa no justificó la imposibilidad de confeccionarlas al inicio del periodo de consultas e impidió que los representantes de los trabjadores dispusieran de la información pertinente para que el periodo de consultas alcanzase sus fines", indica la sentencia.