En concreto, el supervisor le impone una multa de 20.000 euros por una infracción muy grave consistente en llevar la contabilidad de la compañía con irregularidades esenciales que impidieron conocer su situación patrimonial.
A ello se suma una segunda multa de 30.000 euros como autor de una infracción muy grave debido a que la empresa no cubrió suficientemente los requerimientos de recursos propios mínimos cuando éstos se situaran por debajo del 80% del mínimo establecido en función de los riesgos asumidos, permaneciendo en tal situación por un periodo de, al menos, seis meses.