En un comunicado, FEBE ha calificado de "injustificada, discriminatoria y electoralista" la propuesta de Rubalcaba de subir un 10% los impuestos especiales a las bebidas espirituosas.
En su opinión, se trata de una propuesta "poco meditada", dado que "castigaría" a una industria que cae de forma continuada desde 2003 y que registra un desplome medio superior al 10% desde 2008, al tiempo que "dañaría indirectamente" a la hostelería y al turismo.
La medida, según advirtió, provocaría el cierre de muchos negocios con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo, lo que se traduciría a su vez en "aumento del gasto por subsidio de desempleo y la caída de otros impuestos, como el IRPF o el Impuesto de Sociedades".
A juicio de esta organización, la propuesta "no se sustenta" desde el punto de vista sanitario, al "criminalizar" a las bebidas espirituosas y dejar fuera de la medida al 70% del consumo de bebidas con contenido alcohólico (vino y cerveza), "ni se justifica por fines recaudatorios".
CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN.
Según detalló FEBE, la recaudación por impuestos sobre el alcohol se situó el año pasado en niveles de 2002, con 810 millones de euros, y muestra una tendencia negativa en lo que va de año, con un descenso del 5,7% entre enero y agosto, debido a la caída del consumo.
"No tiene sentido que se intente justificar una subida de impuestos por el perjuicio que tiene el consumo abusivo o indebido de alcohol en la salud y se deje fuera más del 70% de las bebidas con contenido alcohólico. Es como si en el caso del tabaco se decidiese, por fines sanitarios, gravar sólo el tabaco rubio y excluir el negro", señala el director ejecutivo de FEBE, Bosco Torremocha.
En este sentido, criticó que una medida de este tipo "incidiría aún más en la injusta discriminación fiscal" que sufren las bebidas espirituosas. "A pesar de representar únicamente el 28% del consumo de bebidas con contenido alcohólico, estas bebidas aportan más del 71% de los ingresos por impuestos especiales sobre alcohol", agregó.
La organinización empresarial señaló que la propuesta "se hace todavía más inexplicable e incoherente" después de que la semana pasada la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, firmara junto con otros colectivos y asociaciones el primer gran pacto social para la prevención del consumo en menores.