Así se ha pronunciado la diputada gallega en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, después de que Almunia haya afirmado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que el 'tax lease' --programa de apoyo financiero y fiscal al sector naval-- es incompatible con la legislación europea y que, por lo tanto, los inversores de los grupos de interés económico, los navieros y los armadores tendrán que devolver esas ayudas.
"El anuncio me parece una sinvergonzonería subida de tono. Hablar con tanta ligereza de una decisión que va a representar el desempleo de más de 80.000 personas me parece realmente que (merece) una censura (a Almunia) no sólo del sector sino del Gobierno de España e, incluso, de su partido (el PSOE)", ha dicho Fernández Davila, acusando a Almunia de comportarse de forma "frívola".
ACTITUD "ALEGRE Y FRÍVOLA"
A renglón seguido, ha insistido en que "no se puede tener una actitud ineficaz" como la del Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha reclamado que acuerde una postura con el principal partido de la oposición para "presionar" ante el Ejecutivo comunitario en favor del 'tax lease', de tal manera que se garantice que "el sector naval español pueda seguir produciendo".
Además, ha afeado al comisario que, pese a ser español, no esté actuando "en defensa de los intereses" de su país sino más bien lo contrario, y ha apuntado que si pretende "escudarse en que actúa como comisario" de todos los europeos que "lo haga entonces también con el resto de los estados, y no solamente con España".
"Sabemos que está habiendo subvenciones de Francia, de Holanda, de Alemania. Así que si hay esta investigación y esta actuación tan rigurosa con España, que se tenga el mismo rigor también con el resto", ha subrayado Fernández Davila, recordando que los armadores están contratando con astilleros de otros países de la UE "porque son más competitivos gracias a sus ayudas de estado".
Y es que, a su juicio, eso es lo único que puede explicar que tengan una mayor competitividad que las ofertas españolas, ya que ni las diferencias tecnológicas ni mucho menos el coste de la mano de obra pueden justificar las diferencias. "Mano de obra más barata que en España no existe en este momento en ningún otro estado. Por tanto, su competitividad está en base a esas ayudas que se niegan al Estado español. Y eso significa la pérdida de miles de puestos de trabajo", ha concluido.