En una nota de prensa, la formación nacionalista gallega explica que sus propuestas de modificación de las cuentas públicas pretenden "mejorar las partidas destinadas a Galicia" y también "convertir a los Presupuestos en una herramienta para hacer frente a la crisis económica y mejorar la calidad de vida de la población".
Algo para lo cual es imprescindible, por ejemplo, actualizar las pensiones al IPC, en vez de incrementarlas un 0,25%; aplicar de una vez las mejoras en la pensión de viudedad, demoradas en varias ocasiones; y propiciar que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo tras cinco años de congelación salarial a través del abono de la paga extraordinaria suspendida en 2012.
Pero no sólo se limita a reclamar un incremento retributivo para la Función Pública, sino que el Bloque también defiende que no se limite la tasa de reposición y que se eliminen las restricciones a las contrataciones temporales en el ámbito público. En el mismo sentido, exige elevar a 250 el número de plazas previstas para jueces, para "aligerar los atascos que se producen en los juzgados".
OTRAS PRIORIDADES DE GASTO
Por otra parte, el BNG propone la creación de un Fondo Especial de Financiación a favor de los municipios de población de menos de 20.000 habitantes y una dotación de 10 millones de euros destinada a luchar contra el ébola en África Occidental.
Con respecto a las consignaciones para Galicia, el BNG demanda fondos para dinamizar sectores básicos como la agricultura, la pesca o el naval; incrementar las asignaciones para sanear las rías, aportar dinero para prolongar el Eje Atlántico hasta Ferrol y la frontera portuguesa, rehabilitar la N-550 con 15 millones de euros o implantar Cercanías en la región.
MEJORA DE INGRESOS
Para financiar todas estas modificaciones presupuestarias, los nacionalistas gallegos sugieren, por una parte, recortar un 40% la asignación tributaria a la Iglesia Católica y, por otra parte, reducir en un 30% la partida de la Casa Real y la del Ministerio de Defensa.
También se aportan ideas para conseguir un sistema tributario "mas progresivo y justo", con medidas como elevar al 24% el tipo impositivo para los impatriados o terminar con los "abusos" de las sociedades de inversión colectiva (Sicav). Asimismo, se exige una vez más modificar la normativa vigente para "arreglar el problema de la fiscalidad de las pensiones percibidas de terceros países".