"La Comisión cree que no puede haber ninguna complacencia con entidades, individuos o países que esquiven las reglas de la Unión Europea. Los países terceros que aceptan la evasión fiscal debe saber que hay consecuencias para con la UE", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario Olivier Bailly.
Bruselas presentó el pasado diciembre una propuesta para combatir el fraude, que calcula en unos 1.000 millones de euros cada año en la UE, con una treintena de medidas concretas, incluida la creación de un listado de "prácticas ilegales". Sin embargo, Bailly ha señalado que las medidas están aún pendientes de la aprobación de los Veintisiete: "Esperamos que los Estados miembros se pongan a ello".
"Queremos también que los Estados miembros desarrollen conjuntamente una definición de lo que es un paraíso fiscal y establecer una lista negra que permita castigar a los países terceros que no cumplan estas normas", ha explicado el portavoz.
El Ejecutivo comunitario ha mostrado así su "total reprobación" a cualquier práctica que permita la evasión fiscal y el blanqueo de dinero, después de que una investigación hecha pública este jueves por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelara numerosas operaciones de europeos en varios paraísos fiscales.
Sobre los nombres de personas y entidades reveladas en las cerca de 1.000 operaciones destapadas por ICIJ, Bailly ha evitado hacer ningún comentario porque, dice, estos datos deben ser aún comprobados y validados por las autoridades bancarias y judiciales competentes.