Esta directiva (2014/92/UE) concede a todos los residentes legales en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia, y aumenta la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparabilidad y el traslado de dichas cuentas.
Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva debían entrar en vigor a más tardar el 18 de septiembre de 2016 y la Comisión debía ser informada de ello inmediatamente.
Sin embargo, hasta la fecha España no ha incorporado esta directiva a su ordenamiento jurídico nacional, por lo que la Comisión ha decidido llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE.