Bruselas sospecha que estas empresas se reunieron en varias ocasiones entre al menos 1997 y 2014 en Japón, con el objetivo de intercambiar información de clientes, discutir sobre la situación del mercado y tratar sobre precios.
El Ejecutivo comunitario apunta en un comunicado que algunos de estos encuentros pudieron celebrarse en territorio de la Unión Europea, a través de una de las filiales de las compañías investigadas, cuyos nombres no publica.
El envío del pliego de cargos a los fabricantes es el primer paso de una investigación formal de la Comisión Europea por presuntas irregularidades, pero no prejuzga el resultado del caso, según advierte la institución.
A partir de ahora, Bruselas abre la vía a las empresas señaladas para que presenten sus alegaciones al caso. Si finalmente la investigación concluye que hubo una infracción, el Ejecutivo comunitario podría imponer una multa de hasta un 10% de la cifra de negocio anual de cada fabricante.