En concreto, el Ejecutivo subraya en un comunicado la falta de cooperación de estos dos países en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no regulada (IUU en sus siglas en inglés), por lo que se ha anunciado la "tarjeta amarilla" a ambos.
Por el contrario, la Comisión Europea ha reconocido las reformas adoptadas por Ghana y Papúa Nueva Guinea, por lo que ha procedido a retirar a los dos de la lista de países con "tarjeta amarilla".
La "tarjeta amarilla" presentada a Taiwan responde a deficiencias "serias" en su sistema jurídico, a un sistema de sanciones que no impide la pesca ilegal y a la falta de efectividad en el control y la vigilancia de la flota de larga distancia. Las exportaciones de este país asiático a la UE alcanzan los 13 millones de euros cada año.
En cuanto a la situación de Comores, la Comisión critica que la gestión del registro de flota no esté monitorizada por las autoridades del país, después de que haya sido parcialmente privatizada. Además, observa deficiencias en el contexto legal y en la gestión de las pesquerías.
El comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha instado a Comores y a Taiwan a seguir el ejemplo de Ghana y Papúa Nueva Guinea para unirse a la UE "en la promoción legar y sostenible de la pesca en todo el mundo". Además, ha recalcado que la decisión "demuestra la determinación de la UE para atraer a importantes actores en la lucha contra la pesca ilegal".
EN DICIEMBRE SE TOMARÁ UNA DECISIÓN SOBRE TAILANDIA
Por otro lado, la Comisión Europea ha asegurado que hasta diciembre no se tomará una decisión con respecto a la advertencia que se trasladó en abril a Tailandia sobre su implicación en la lucha contra la pesca ilegal.
Así, fuentes europeas han señalado que las partes están aún en fase de diálogo y que todavía "hay mucho trabajo por hacer". En este sentido, estas fuentes han recordado que Tailandia debe adoptar medidas para cambiar su sistema jurídico, mejorar la gestión de las pesquerías y los planes de pesca y para poner en marcha actividades de inspección y control, entre otras acciones.
De esta forma, el Ejecutivo comunitario enviará expertos a lo largo de octubre para conocer 'in situ' si se han puesto en marcha las medidas que la UE requería. "Vamos a constatar si lo que se nos ha notificado es real", han señalado fuentes europeas.
Después de esta evaluación, la Comisión decidirá en diciembre si estas reformas son suficientes para excluir al país de la lista de aquellos que tienen tarjeta amarilla o se concede una prórroga.