La entidad actualmente controlada por el Gobierno a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) argumenta que ha tomado esta medida en base a estudios de mercado y tras reuniones con grupos de clientes, que proponían que se les ofrecieran soluciones para el impacto que la medida podría tener en su ahorro.
La iniciativa puede suponer un ahorro de hasta 61 euros por cliente, el importe máximo anual que establece la ley, que se empezara a aplicar este sábado en las farmacias catalanas.