El sindicato ha señalado que las personas que los trabajadores que quieren acogerse al PIF no sólo tienen que pedir autorización a su empresa y cumplir los requisitos que establece la normativa que regula la formación para el empleo, sino que además "tienen que convencer de sus buenas intenciones" a los inspectores del SEPE.
El PIF es un permiso retribuido de hasta 200 horas laborales por año que un trabajador puede solicitar a su empresa para hacer cursos con titulación o acreditación oficiales. Si la solicitud cumple los requisitos, la empresa puede bonificar el salario y la Seguridad Social del trabajador durante el tiempo en que se ausenta de su puesto para seguir sus estudios.
CC.OO. explica que, a lo largo de veinte años, los PIF habían sido una iniciativa "residual" del sistema de formación, utilizada casi de forma exclusiva por las grandes empresas. "Pero en 2012 algo cambió: las peticiones se incrementaron un 300% respecto a las de 2011, y al año siguiente, 2013, alcanzaron la cifra récord de 30.221 y por primera vez desde su creación se agotaron los 28 millones de euros disponibles para la iniciativa", añade.
Para el sindicato, este cambio responde a que las entidades organizadoras de formación de demanda "descubrieron" que podían complementar la financiación de los cursos mediante estos permisos, de manera que no sólo se subvencionaban los costes del aula, profesorado y materiales, sino también los salarios de los alumnos.
CC.OO. ha pedido un mayor control sobre esta situación y ha lamentado que la Administración "prefiera abordarlo como una cruzada contra los trabajadores, a los que ahora se están exigiendo condiciones mucho más duras".
Según el sindicato, el SEPE ha procedido a "reinterpretar unilateralmente" el Real Decreto de Formación para el Empleo y la Orden que regula la formación de demanda, endureciendo los requisitos del PIF, razón por la que ha remitido una nota al organismo señalando que una misma norma "no puede interpretarse de distinta forma según convenga".