Los sindicatos han organizado asambleas, concentraciones y manifestaciones en todas las provincias en la defensa de unos derechos fundamentales que consideran que están siendo "criminalizados" por el Gobierno.
Así, CC.OO. y UGT denuncian que hay 300 sindicalistas y trabajadores procesados y, en algunos casos, condenados ya a 21 años, por ejercer un derecho amparado por la Constitución en el marco de "una campaña del Ejecutivo por convertir un conflicto de orden social y laboral en otro de orden público".
Por todo ello, los sindicatos llaman a secundar estas movilizaciones para mostrar el rechazo de los ciudadanos al artículo 315.3 del Código Penal, que "prioriza la facultad de no ir a la huelga sobre el derecho fundamental y constitucional de ejercerla", exigir su derogación y la retirada de la modificación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.