Además, han reiterado sus quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recurrirán ante el Tribunal Supremo el desarrollo reglamentario de los preceptos de la nueva ley por entender que incurren en inconstitucionalidad.
Para ambos sindicatos, la aprobación definitiva de la ley supone "la mayor agresión" al derecho del trabajo producida desde su nacimiento y la consumación de la involución de los derechos laborales impuesta por el Gobierno.
Además, creen que las modificaciones introducidas durante la tramitación parlamentaria no han paliado en modo alguno las consecuencias "extraordinariamente negativas" sobre los derechos de los trabajadores provocados por el mismo.
"No cabe duda de que estamos ante un escenario desfavorable para el conjunto de la clase trabajadora, por lo que las organizaciones sindicales nos vemos obligadas a redefinir y orientar nuestras actuaciones a fin de seguir defendiendo y protegiendo los derechos de los trabajadores frente al cada vez mayor poder de los empresarios", concluyen.