De este modo, la plataforma social de la discapacidad expresa su respaldo público a esta ILP que pretende garantizar como derecho subjetivo una prestación pública en favor de personas en estado de necesidad social, incluidas las personas con discapacidad.
Según cálculos de estos sindicatos, esta nueva prestación llegaría a más de dos millones de personas en estado de necesidad y con "manifiesta insuficiencia" de ingresos para poder mantener unas condiciones de vida digna.
UGT y CC.OO. pusieron en marcha esta ILP el pasado mes de septiembre y esperan recoger como mínimo 500.000 firmas que permitan que la propuesta legal llegue al parlamento para ser debatida.
El CERMI ha pedido a toda su estructura de entidades y a su base social que apoyen esta ILP de los sindicatos, ya que "el objetivo social de generar nuevos dispositivos públicos contra la exclusión y la pobreza es compartido".