En su iniciativa, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes recuerdan que el Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulas las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios donde el consumidor no hubiera recibido suficiente información y transparencia en la contratación y también las cláusulas que establecen tipos de interés de demora excesivamente elevados en los procedimientos hipotecarios.
Esto está provocando que muchos ciudadanos acudan a los tribunales para proteger sus intereses, encontrándose con el "obstáculo adicional" de las nuevas tasas judiciales. "No se trata de que cada ciudadano afectado por estas circunstancias deba abordar un proceso judicial, sino de que sea el Banco de España quien, de acuerdo con la jurisprudencia, identifique los casos en que dichas cláusulas deban ser consideradas nulas", considera CiU.
Por eso, propone que el Banco de España clarifique de forma "inmediata, antes del fin de 2013", las cláusulas de contratos de préstamos y créditos hipotecarios vigentes que deben ser consideradas abusivas según la jurisprudencia del TS y la Ley Antidesahucios, al objeto de "facilitar su eliminación" y "adecuar los contratos de crédito y préstamos hipotecarios a la sentencia" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
PROTEGER AL CONSUMIDOR
Por su parte, Compromís-Equo también tiene registrada una proposición no de ley ante la Comisión parlamentaria de Economía para que el Gobierno salga de su "inacción" y haga algo para "frenar" las "prácticas abusivas" de las entidades financieras para con sus usuarios.
Entre estos abusos, se cita la "proliferación de productos totalmente incomprensible" para la mayoría de los ciudadanos, el aumento del número de comisiones bancarias y el incremento de sus cuantías, o la "escasez y complejidad" de la información que tienen a su disposición los usuarios de servicios financieros.
El IRPH, el IRS, las comisiones de apertura, las de cancelación anticipada o las de cambio de hipoteca, así como los gastos de gestoría redundan en esta falta de protección, así como otras prácticas como el cobro de comisiones por la concesión de tarjetas no solicitadas o la posibilidad de modificar las condiciones del contrato sin necesidad de conseguir el consentimiento del consumidor.
"El Gobierno es conocedor de todas estas prácticas abusivas que se producen en perjuicio de los usuarios", critica Compromís, que emplaza al Gobierno a impedir estos comportamientos con inspecciones, sanciones y una legislación más dura, así como a poner en marcha medidas para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, asegurándose de que reciben la información "necesaria" y de que contratan "libremente" los servicios de la entidad bancaria.
También plantea la necesidad de legislar expresamente para "prohibir" estas prácticas "abusivas", incluyendo "prohibir las modificaciones de la relación de servicio unilateralmente", así como de realizar campañas de información sobre los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la banca.