Según se recuerda en la iniciativa, que recoge Europa Press, en 2007 el Ministerio de Fomento ocupó nuevas superficies de las fincas afectadas por las expropiaciones del proyecto inicial del AVE, una decisión ante la que los propietarios de los terrenos "colaboraron" con la Administración, permitiendo la ocupación "sin que hubiera un proyecto constructivo aprobado".
A cambio, estos ciudadanos exigían "lógicamente" que los incrementos de expropiación estuvieran contemplados en unas actas complementarias y que se les indemnizara por el mismo precio que se les había pagado por la primera expropiación, pues se trataba de la misma finca afectada.
"Sin la colaboración de los propietarios afectados, a fecha de hoy, las obras estarían paradas y sin terminar, ya que tras más de cinco años, en la mayoría de casos aún no se ha realizado el proyecto expropiatorio necesario para la adquisición de dichos incrementos de superficie", recuerdan los nacionalistas catalanes, destacando que la obra ya está totalmente realizada y los trenes circulan por este tramo del trazado.
MENOS DINERO POR EL MISMO TERRENO
Sin embargo, en mayo de 2013 Adif comunicó a los afectados por las expropiaciones de que no podía firmar ningún mutuo acuerdo más sin tener una tasación externa, que arrojó un precio inferior al justiprecio ya pactado. Además, el administrador de infraestructuras ferroviarias rechazó pagar una treintena de los 120 mutuos acuerdos firmados y los trasladó al jurado de expropiaciones, al que también ha enviado otro centenar de casos "aún pendientes de regularizar" porque no se ha alcanzado un acuerdo de precio.
"Lógicamente, los propietarios no están dispuestos a aceptar un valor del suelo inferior al que ya se les pagó por la misma finca, y menos cuando estos terrenos fueron ocupados desde el inicio de la obra", señala CiU.
Además, recuerda que la decisión "provocará un retraso adicional en el proceso de entre tres y cuatro años", lo que generará a la Administración unos intereses de demora de aproximadamente 1,8 millones de euros según los cálculos de CiU, cantidad que se sumará a los 5 millones de euros que costó la expropiación.
"Cuando el Gobierno está articulando mecanismos para exigir a las administraciones territoriales el pago de sus facturas a 30 días no resulta aceptable que, mediante argucias legales, retrase el pago de unas expropiaciones que deberían haber sido pagadas hace seis años. Y tampoco resulta aceptable que Adif esté aprobando los proyectos complementarios y convoque de nuevo a los propietarios al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de unas fincas que ocupó en 2007. Ahora lo que corresponde es cerrar un justiprecio complementario con la misma base de precios y pagar a los afectados", insiste la formación catalana.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Por todo ello, CiU exige al Ejecutivo que restablezca los precios pactados de mutuo acuerdo en las expropiaciones para los incrementos de superficie ocupada, y que haga efectivo el pago "con carácter inmediato".
Finalmente, advierte al Gobierno de que este "cambio de criterio" en el pago de las indemnizaciones genera una gran inseguridad" a los afectados, quienes "cumplieron con lo acordado", lo que motiva que "futuros actos de expropiación sean vistos con recelo por los afectados y no exista una voluntad de colaboración".