La Comisión Nacional de Competencia (CNC) considera que el modelo cameral planteado por el Gobierno no implica inherentemente problemas para la competencia, aunque sí origina determinados riesgos que deben ser tenidos en cuenta por el propio órgano.
Así lo señala la CNC en el informe que ha elaborado sobre el Anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, que se encuentra ahora en trámite de audiencia pública después de haber sido aprobado el mes pasado en Consejo de Ministros.
Estos riesgos, señala la Comisión, vienen derivados de que la definición de las Cámaras como corporaciones de derecho público con facultades público-administrativas que pueden prestar servicios profesionales a empresas puede generar una ruptura de la neutralidad competitiva en los mercados privados en los que opere.
En concreto, la CNC considera que habrá más riesgo si la atribución de funciones públicas no está justificada o si existe la posibilidad de que se generen o consoliden ventajas competitivas en relación con otros operadores.
En este contexto, la CNC recomienda la naturaleza de las Cámaras como corporaciones de derecho público en atención al carácter de los servicios esenciales que realizan de modo principal. Además, reclama que sean las Cámaras las que realicen las mencionadas funciones públicas y que puedan, además, desarrollar simultáneamente funciones públicas y privadas.
Sobre las funciones encomendadas, la Comisión considera que el anteproyecto debería atender en mayor medida a una adecuada justificación de las funciones públicas, a una mayor precisión de las funciones privadas y a una delimitación de los ámbitos en los que pueden firmar convenios de colaboración con las administraciones públicas.
MODELO DE FINANCIACIÓN.
En cuanto al modelo de financiación planteado por el Gobierno (autofinanciación tras la eliminación del recurso cameral), la CNC lo valora positivamente, pero cree que hay riesgos relacionados con la contribución de los fondos públicos.
Así, recomienda introducir un tope porcentual a las subvenciones en relación con los ingresos de las Cámaras para cumplir con el objetivo de autofinanciación y establecer un carácter finalista para todas las subvenciones que pueda recibir la Cámara.
Este carácter finalista, según la CNC, debería estar directamente relacionado con el desarrollo, a través de actividades concretas, de funciones de interés público o promoción de los intereses generales que tenga encomendados.
DUDA DE LA ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA.
Finalmente, alerta de que la adscripción obligatoria de oficio a las Cámaras de todas aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales en el territorio nacional incrementa los riesgos para la competencia al reducir la tensión competitiva.
De hecho, asegura que esta obligación podría incrementar las cargas administrativas de las empresas y de la administración tributaria, de forma no alineada con otras iniciativas del Gobierno. Al mismo tiempo, según la CNC, podría fomentar fraccionamientos del mercado nacional por la adscripción obligatoria a una o varias Cámaras oficiales sin la posibilidad de que la empresa elija la Cámara de pertenencia.
En este sentido, recomienda valorar las ventajas estadísticas y dinámicas que supone para la competencia la adscripción obligatoria, pide eliminar efectos discriminatorios de algunos artículos del anteproyecto, eliminar la obligación de la administración tributaria de colaborar en la elaboración de censos de empresas y permitir la adscripción a la Cámara de elección si se mantiene la adscripción obligatoria.