El análisis de la operación se remonta a abril de este año, cuando el consejo de la CNMC aprobó la operación, condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos propuestos por Repsol.
Los compromisos obligaban a Repsol a que, tras la compra, no viese incrementada su cuota de mercado por puntos de venta en determinadas provincias, conforme a la nueva Ley de Hidrocarburos.
Para ello, Repsol debía vender varias estaciones de servicio, 17 de ellas en la provincia de Barcelona, cuatro en la de Tarragona, una en la de Lérida y una en la de Madrid.
Adicionalmente, la compañía permutaría la estación de servicio Font Freda, en la localidad barcelonesa de Tagamanent, con un tercero o alternativamente con una estación de servicio de su red próxima a ella.
Tras analizar la propuesta, la Dirección de Competencia de la CNMC acordó aceptar y autorizar todas las transacciones pendientes, excepto una de ellas.
Las transacciones autorizadas, dice el regulador, se ajustan a lo dispuesto en la resolución de 3 de abril de 2014 y "permiten garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados afectados".
Respecto a la transacción no aceptada, Repsol deberá presentar ahora una nueva propuesta de transacción pendiente para que sea valorada nuevamente. Queda además pendiente la autorización del cumplimento del resto de compromisos.
En concreto, debe cumplirse el compromiso relativo a garantizar que, del aprovisionamiento que realice Petrocat, un mínimo provenga de terceros operadores distintos de Repsol o de sociedades del grupo: