El organismo regulador presidido por José María Marín Quemada aprobó el pasado mes de abril una resolución en la que fijó en 31,94 millones de euros el coste definitivo que le supuso a Telefónica, entre otras cuestiones, garantizar que a los ciudadanos acceso a la red telefónica pública fija desde cualquier región a un precio asequible.
La CNMC reconoce que existe una carga injustificada para Telefónica como consecuencia de esta obligación, por lo que determinará qué otros operadores deberán financiar el coste del servicio universal y en qué proporción.
Tras hacer público el trámite de audiencia, las entidades o personas que estén interesadas en el procedimiento pueden tener acceso al expediente y efectuar las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 15 días.
Aunque Telefónica es la empresa designada por el Gobierno para prestar este servicio, a partir de 2003 el coste del mismo se reparte entre varios operadores a través de su contribución al Fondo Nacional del Servicio Universal.
Según el reglamento del servicio universal, las aportaciones de los operadores serán proporcionales a la actividad de cada uno y serán determinadas por el regulador. Hasta ahora, además de Telefónica, Vodafone y Orange contribuyen a sostener este servicio.
De acuerdo con los datos incluidos en el blog de la CNMC, la cifra del coste del servicio universal se ha reducido progresivamente en los últimos once años, pasando de los 203,82 millones de 2000 a los 31,94 millones de 2011.
La firma presidida por César Alierta, que sigue siendo la encargada de prestar este servicio, debe además desde 2012 ofrecer una conexión a Internet de un mega por segundo.