En su resolución, que sanciona con 900.000 euros a Sedigas y con 500.000 euros a AOGLP, la CNC considera que mediante las conductas analizadas los distribuidores, a través de sus asociaciones, han coordinado su conducta en materia de costes, precios y actualización de los mismos.
Esto se ha producido en la mayor parte de los casos con bastante anticipación a la regulación del precio, según Competencia. Además, para algunos de los servicios esta coordinación se ha producido aunque las propuestas posteriormente no se hicieran llegar a la Administración, poniendo de manifiesto que no tenían una naturaleza meramente consultiva.
Las conductas analizadas se producen tras la aprobación del Real Decreto 919/2006, que supuso la modificación del sistema existente hasta entonces de inspecciones de instalaciones receptoras de gas canalizado, descentralizando en las comunidades autónomas la regulación de los precios de estos servicios que debe prestar el distribuidor en régimen de monopolio.