La medida, que consistirá en no comercializar cereales y ganado entre mañana y el viernes próximo, fue convocada un día después de que la oposición no logró que el Parlamento debata un proyecto para eliminar o bajar, según los casos, los impuestos a la ventas de granos al exterior.
Además, el jueves la presidenta del país, Cristina Fernández, anunció que el Estado girará a las provincias y municipios el 30 por ciento de lo que recaude por el tributo a las exportaciones de soja, medida a la que también se oponen las organizaciones del campo.
La huelga comercial es la séptima desde que en marzo de 2008 el Gobierno impuso un esquema de impuestos móviles a las exportaciones de granos que desató el conflicto y terminó siendo rechazado por el Parlamento, tras lo cual las alícuotas volvieron a ser fijas.
"No alentamos los cortes de ruta", aseguró Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las cuatro entidades que convocaron la huelga, en alusión a los bloqueos que se registran desde ayer en distintos puntos del país.
Tras calificar a las interrupciones de tráfico como "efectos no deseados" relacionados con el hecho de que "hay mucha bronca en el campo", el dirigente aclaró que "no se pretende perjudicar a la población y no va a haber desabastecimiento de alimentos".
En un comunicado, la comisión que reúne a las patronales agropecuarias aclaró que "se permite la comercialización de alimentos perecederos, ganado de invernada y conserva, y productos provenientes de las regiones afectadas por la sequía".
"El paro es una burla, un gesto de irresponsabilidad", manifestó a su vez el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien consideró "una extorsión esto de volver a cortar rutas" y dijo que el Gobierno espera que "prime la sensatez y responsabilidad".
El funcionario opinó que con la nueva convocatoria a la huelga "queda claro que el único interés" de las patronales agrarias es el impuesto a la exportación de soja, que es el principal cultivo del país y tiene una alícuota del 35 por ciento.
El Ejecutivo se niega a bajar ese tributo para no afectar las cuentas públicas, mientras las organizaciones del campo lo consideran "confiscatorio" al igual que los de las ventas al exterior de girasol (32%), trigo (23%) y maíz (20%).
"Ayer (jueves) se perdió una gran oportunidad. Fuimos al Congreso para buscar una salida que permitiese reactivar el país y no tuvimos presencia de legisladores del oficialismo", sostuvo Llambías, quien calificó a esa actitud como una "incongruencia".
El dirigente también indicó que "llama la atención que ayer haya salido un decreto de necesidad y urgencia" para "co-participar" la recaudación de los impuestos a las exportaciones de granos y dijo que no cree que "esos paliativos sirvan".
Por su parte, Randazzo defendió la decisión del Gobierno de "transferir recursos nacionales a las provincias y los municipios", además de advertir que si a las patronales agropecuarias "no se les da lo que quieren, la respuesta es el corte de ruta, es perjudicarle la vida al resto de los argentinos".
En los bloqueos de carreteras "hay muy poca gente. No creo que la gente esté de acuerdo con estas actitudes", afirmó el funcionario antes de sostener que los productores "se dan el lujo de tener 7 millones de toneladas de soja sin comercializar".
El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que el Gobierno tiene contabilizadas 68 concentraciones de agricultores en distintas regiones del país y garantizó que los participantes no serán reprimidos.
En la ruta 14, una de las principales vías hacia Brasil, la circulación de vehículos fue interrumpida durante prácticamente todo el día por grupos de manifestantes a la altura de la ciudad de Gualeguaychú, situada a 260 kilómetros de Buenos Aires.
El año pasado Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, sufrió millonarias pérdidas por las huelgas agropecuarias y los bloqueos de carreteras que llevaron a cabo los productores rurales.