La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidará el próximo lunes 12 de diciembre, en su última reunión ante de la constitución de la nueva Cámara Baja, el decreto ley que el Gobierno en funciones aprobó el pasado viernes para ampliar el umbral máximo de la aportación de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) único.
Previsiblemente será la ministra de Economía y Hacienda en funciones, Elena Salgado, la que defienda una medida que eleva el límite máximo legal de las cuotas que aportan las entidades al FGD desde el 2 por mil de los depósitos, lo que se traduce en unos 1.600 millones de euros, hasta el 3 por mil, según los cálculos del Gobierno.
Al tiempo, se fija en el 2 por mil la contribución efectiva que todas las entidades deben aportar anualmente, hasta ahora situada entre el 0,6 y el 1 por mil, en función del perfil de las entidades.
Aunque en fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press dan por hecho de que se trata de una medida pactada con el Partido Popular, ganador de las elecciones generales, los 'populares' han eludido anticipar su posición. Hace apenas mes y medio, la constitución de este nuevo FGD unificado se aprobó con los votos de PSOE y CC y las abstenciones de los 'populares', CiU y PNV, mientas que ERC-IU-ICV y BNG votaron en contra.
DERRAMAS Y ENDEUDAMIENTO
La norma contempla que los asociados asuman posibles derramas futuras, así como la posibilidad del endeudamiento. La creación de un único FGD para todas las entidades de crédito, fruto de la fusión de los correspondientes a bancos, cajas y cooperativas de crédito, tiene dos funciones básicas.
Por un lado, su objetivo es la cobertura de los depósitos por un máximo de 100.000 euros por cliente y entidad, y por otro, su finalidad es ejecutar las actuaciones necesarias para reforzar la solvencia y el funcionamiento de entidades en dificultades, en defensa del interés de los propios depositantes y del fondo.
A través de esta segunda función, el FGD puede hacer frente a las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de una entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.
Según fuentes del Ministerio de Economía, si el FROB registrara pérdidas a raíz de procesos de reestructuración financiera que pudieran acontecer, como la adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), éstas se trasladarían "de manera inmediata" al FGD.
ACUERDOS ONCE
Por otro lado, la Diputación Permanente también debatirá un decreto ley aprobado el 18 de noviembre para la actualización y renovación de los acuerdos vigentes con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para garantizar su estabilidad financiera y su acción social hasta el 2021, con medidas como bonificar las cuotas a la Seguridad Social o ampliar los plazos de la lotería instantánea.
En concreto, se bonifica el cien por cien de las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta, de forma similar a lo que sucede con los Centros Especiales de Empleo.