Con este objeto, el Gobierno reducirá gastos en 8.900 millones de euros, al tiempo que prevé recaudar 6.200 millones de euros más como consecuencia de algunos cambios fiscales que incluyen un alza temporal y progresiva del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Aunque el PP cuenta con mayoría absoluta para sacar adelante este decreto, confían en ganarse al menos la abstención de CiU y PNV e incluso Foro Asturias. Por contra, dan por descontado el rechazo del PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, Amaiur, ERC y BNG.
La defensa de la posición del Gobierno recaerá en el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aunque en algún momento se llegó a barajar que la asumiera el propio Rajoy. De esta forma, los grupos parlamentarios no tendrán ocasión de afear al jefe del Ejecutivo un paquete de medidas que consideran "contradictorias" con las que presentó durante el Debate de Investidura de hace tres semanas.
Montoro replicará asegurando que las medidas son consecuencia de una situación de las cuentas públicas que desborda las previsiones que les presentó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero durante el traspaso de poderes, y remarcará que el PP ha cumplido compromiso como los de revalorizar las pensiones un 1%, tras mantenerse congeladas durante todo 2011.
MEDIDAS PARA LA BANCA
Asimismo, la norma incluye materias ajenas al ajuste presupuestario, como la prórroga durante 2012 de la posibilidad del Estado de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros, que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha justificado para evitar la sequía de crédito.
También se revisan las condiciones en las que una caja se convertía en fundación si poseía menos del 50% de las acciones del banco que gestione su negocio, eliminando este umbral, de forma que en la nueva redacción dada por el decreto se alude simplemente a una situación en que "deje de ostentar el control".