El portavoz socialista del ramo, Rafael Simancas, ha alertado durante su intervención de que la implementación de este plan conllevará "recortes brutales" del servicio y afectará a millones de ciudadanos, y ha recordado que incluso la UE recomienda a España "optimizar las infraestructuras de ferrocarril" para mejorar la eficiencia de los medios de transporte colectivos que, además, son "más seguros y limpios en términos ecológicos".
No obstante, ha reconocido que es necesaria una racionalización del servicio, pero con otros criterios que también tengan en cuenta la rentabilidad social o la vertebración territorial de estas infraestructuras. Por eso, proponía emplazar al Ejecutivo a retirar el Plan e iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales.
Por su parte, tampoco se ha aceptado una propuesta de similar tenor planteada por IU-ICV, cuya portavoz de Fomento, Ascensión de las Heras, ha reclamado la derogación del primer decreto liberalizador del sector y la redefinición del Plan de Racionalización de tal manera que respete "de forma explícita" la definición de obligaciones de servicio público de la UE.
Además, ha defendido que se mejore la eficiencia de la red con nuevos horarios y una revisión de las paradas, alertando de que cerrar líneas y estaciones supone, de facto, "un paso más en el desmantelamiento del transporte público".