Entre los principales cambios que se han producido en la Cámara Alta destaca la supresión de la previsión de que las competencias en materia de telecomunicaciones que no hayan sido atribuidas expresamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o a cualquier otro organismo sean ejercidas por el Ministerio de Industria.
De hecho, este asunto ha centrado gran parte de las negociaciones entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y el superregulador, cuyo presidente, José María Marín Quemada, había expresado su preocupación con la eliminación de competencias de la CNMC en la materia y había expresado su confianza en que pudieran recuperarse parte de esas funciones.
MÁS TIEMPO PARA ADAPTARSE
Por otra parte, se ha ampliado de seis meses a un año el plazo para que los operadores controlados directa o indirectamente por las administraciones públicas se adapten al nuevo régimen de instalación y explotación de redes públicas y de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
En este sentido, el Senado también ha visto conveniente ser más exigente en cuanto a la publicación de las especificaciones técnicas de las interfaces de red que ofrecen en España por parte de los operadores de redes públicas comunicaciones electrónicas.
Así, en lugar de encargar al Ministerio de Industria que vele por que se cumpla esta obligación, finalmente la ley mandata al Ejecutivo a aprobar un real decreto donde se incluyan los supuestos y condiciones en que deberán realizarse estas publicaciones.
Por otra parte, se incrementa la horquilla de las multas coercitivas que el Ministerio o la CNMC pueden imponer para asegurarse el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que dicten. Así, en lugar de poder ir de 100 a 10.000 euros diarios, finalmente podrán fijarse multas coercitivas de entre 125 y 30.000 euros diarios.
DESPLIEGUE DE REDES
Las negociaciones de las últimas semanas también han permitido introducir cambios relacionadas con la colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las redes públicas de
comunicaciones electrónica, de modo que tanto los despliegues aéreos como por las fachadas deberán realizarse en la medida de lo posible siguiendo las canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados.
Además, se prohíbe expresamente que este tipo de despliegues se realicen en edificaciones del patrimonio histórico-artístico o cuando puedan afectar a la seguridad pública.
Por otra parte, se introduce una nueva disposición relativa a las estaciones radioeléctricas de radioaficionado, cuya instalación quedará sujeta a la Ley de Liberalización del Comercio, aprobada en diciembre de 2012 y que exime a ciertas actividades de obtener licencia administrativa, bastando para empezar a funcionar con una declaración responsable. Todo ello sin perjuicio de las exigencias de la Ley sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados, de 1983, y su normativa de desarrollo.
El resto de enmiendas del Senado son correcciones técnicas o aclaraciones, así como una precisión para que la imposición de nuevas obligaciones de servicio público requiera no sólo de un informe de la CNMC sino también de la administración territorial correspondiente, con el objetivo de respetar las competencias autonómicas.
EN TRAMITACIÓN DESDE SEPTIEMBRE
La Ley General de Telecomunicaciones fue aprobada por el Gobierno en septiembre del año pasado con el objetivo, según dijo entonces el ministro de Industria, José Manuel Soria, de duplicar la actual capacidad de banda ancha e inducir así un incremento del PIB del 0,3% gracias a una inversión de unos 25.000 millones de euros en los próximos años para desplegar redes de nueva generación tanto en telefonía móvil como fija.
Para ello, el Gobierno planteó una simplificación administrativa para el despliegue de nuevas redes, la eliminación de trabas a la concesión de licencias y el fomento del uso compartido de infraestructuras entre compañías.
Sin embargo, el texto original del Ejecutivo motivó la presentación de enmiendas de totalidad por parte de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC, si bien finalmente la introducción de más de medio centenar de propuestas de enmienda de los grupos de la oposición permitió que el proyecto de ley fuera aprobado en primera ronda en la Comisión de Industria con los votos de 'populares', socialistas y nacionalistas catalanes.
Entre otras cosas, se decidió vincular la cuantía de las sanciones por infracciones graves o muy graves de los operadores a los beneficios obtenidos, con un tope de hasta 20 millones de euros, y se crearon nuevas infracciones. Asimismo, se clarificó el derecho de los usuarios a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas.
Además, a través de esta ley el Gobierno se compromete a garantizar que todos los hogares españoles tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10 megabits por segundo (Mbps) en el año 2017 y a que, tres ejercicios más tarde, la banda ancha llegue a los 30Mbps y al menos la mitad del hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100Mbps.
También tendrá que poner en marcha políticas coordinadas con las comunidades autónomas para incrementar la adopción y uso de la banda ancha ultrarrápida entre ciudadanos, empresas y administraciones, y de forma "prioritaria" en los centros de salud comarcales, las universidades públicas, los centros de Secundaria públicas y todas las bibliotecas públicas en la ciudad y comarcales, para que en 2016 tengan una capacidad de acceso funcional mínima de 30Mbps y de 100Mbps en 2020.