El dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, responde a la demanda planteada por los grupos de PSC, ICV-EUiA, ERC, C's y SI en el Parlamento catalán, que consideraban que el decreto podría no adecuarse a la Constitución y al Estatut al extralimitarse, a su juicio, y suspender convenios colectivos.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, la portavoz adjunta del PSC en la Cámara Laia Bonet, el líder del grupo de ICV-EUiA, Joan Herrera, y el portavoz de C's, Jordi Cañas, han subrayado que la constitucionalidad del decreto no implica su legalidad porque puede cometer "alguna infracción administrativa".