El ministro así lo aseguró en una entrevista que publica hoy el diario el Mundo y en la que asegura que si la crisis económica no mejora, en 2010 "debería hacerse un esfuerzo superior de contención" y plantear la congelación de los sueldos de los altos cargos y de los funcionarios de alto nivel.
La medida afectaría a un millón de empleados públicos, ya que podría aplicarse en las administraciones autonómica y municipal.
No obstante, Corbacho se mantiene optimista de que a finales de este año la crisis económica empiece a "estar atrás" y la tasa de paro no alcance los cuatro millones de desempleados, que sería "el paradigma de lo negativo".
En este sentido, puntualizó que las cifras del paro le "quitan el sueño" pero que le sirven para "superarse día a día" y "no tirar la toalla".
Confió en que las medidas que ha adoptado el Gobierno, como la aportación de 8.000 millones de euros a los ayuntamientos para obras públicas, empiecen a tener efectos "a corto plazo", en los próximos dos o tres meses.
También aseguró que la Seguridad Social "tiene buena salud" y "no entrará en números rojos" y que las previsiones apuntan a que 2009 cerrará con un superávit de entre el 0,3 y el 0,4 por ciento, al tiempo que garantizó las pensiones hasta el año 2023 y "más allá" -dijo- si se introducen algunas reformas en el Pacto de Toledo.
No obstante se mostró contrario a modificar la edad de jubilación y consideró "bochornoso" que se jubile entre los 50 y los 55 años.
Por otra parte, reiteró la negativa del Gobierno a plantear una reforma del mercado laboral, tal como piden los empresarios, dirigida a abaratar los despidos y se mostró en contra del contrato de crisis que supone una contratación indefinida y bonificada con una indemnización de 20 días.
"Si mañana ponemos un contrato de esas características, probablemente lo que acabará pasando es que habrá más despidos. Y eso es catastrófico", señaló.
También calificó de "barbaridad" la petición de la CEOE de que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no estén sometidos a ningún control de autoridad laboral y dijo que si lo que hay son "excesivas trabas burocráticas" el Gobierno lo puede analizar.
Preguntado si el mercado laboral español no aguanta ya más inmigrantes, el ministro respondió que en el corto plazo, el mercado "no está en condiciones de poder asumir más trabajadores inmigrantes", entre otras cosas -detalló- porque hay medio millón de personas extranjeras en paro en España.