En la citada sentencia, dictada en julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestima el recurso presentado por el grupo de grandes almacenes contra un requerimiento de información ordenado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Esta Oficina solicitó a la compañía de distribución en 2008 la identificación de personas o entidades titulares de la tarjeta, el importe anual de los pagos efectuados y las entidades financieras con las que operan en el sistema, entre otros datos.