Todos tienen que declarar en la Ciudad de la Justicia de Murcia con delitos contra la propiedad intelectual y por la que se enfrentan a una pena de hasta dos años de cárcel. Su web ha causado prejuicios que podrían llegar hasta a los 546 millones de euros.
Alberto ha argumentado que él sólo se ocupaba de los aspectos técnicos y que no colgó nunca enlaces a películas protegidas por la propiedad intelectual y que muchos de ellos los borraba él mismo. HA justificado esta falta de control a que tenía que desarrollar su actividad investigadora a la universidad.
El creador de la web estuvo sentado junto a Jordi T. y David M. y A.H., acusados de la posterior compra de la plataforma creada por el murciano. Es la primera vez que en España se juzga facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar para acceder a obras protegidas, lo que podrá crear jurisprudencia.
El fiscal considera que el acusado actuó, "a sabiendas de lo ilícito de su proceder" y operando desde terminales informáticos de la Universidad de Murcia, donde fue becario, y en su propio domicilio, donde operó con webs de las que era administrador.