Asimismo, CSI-F ha denunciado que el acuerdo salarial "deja en la cuneta" a 2,5 millones de empleados públicos, pues "no tiene en cuenta la realidad ni el papel que han jugado en la recuperación los trabajadores de las administraciones públicas".
En este sentido, el sindicato ha exigido la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas para extender a este ámbito el pacto salarial alcanzado para el sector privado.
Según CSI-F, los empleados públicos "arrastran" una pérdida media de poder adquisitivo del 30% desde que se inició la crisis económica, como consecuencia de la bajada de sueldo decretada en 2010, la retirada de la paga extra, seis años consecutivos de congelación salarial y las rebajas retributivas que se han producido en las diferentes administraciones.